La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía pero pide acotar su alcance
El órgano estima que la aprobación del reglamento debe ser por mayoría cualificada, no únicamente absoluta También critica que la norma se haya aprobado con urgencia en el Congreso y sin consenso
La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa creado en 1990, avaló ayer la ley de amnistía no sin críticas a la urgencia que ha marcado su tramitación en el Congreso de los Diputados. Después de tres meses de estudio, la decisión supone un aval para el Gobierno, más todavía teniendo en cuenta que fue el PP quién recurrió a este organismo para buscar un ariete contra Pedro Sánchez, y que esto marcará la tramitación en el Senado, que tumbará la ley al ostentar mayoría popular. En esta línea, el organismo también ha aclarado que ha tomado en consideración «hasta cierto punto», las enmiendas adoptadas por la Cámara tras el último redactado pactado por PSOE, ERC y Junts que concluía algunas de sus recomendaciones.
La Comisión había aceptado en diciembre pasado la solicitud de analizar la ley de amnistía con base en sus facultades, que son básicamente las de aconsejar a los países en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de las democracias europeas. En este marco, el órgano europeo ha criticado que la norma se haya aprobado con urgencia en el Congreso y sin mayor consenso, lo que no difiere en términos generales de lo que ya adelantaba el borrador filtrado hace unas semanas.
«Los procedimientos de urgencia no son (...) apropiados para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo comprometida de esas leyes», han escrito los expertos europeos al criticar también que la ley de amnistía cubra un periodo demasiado amplio, según la nota de prensa difundida tras la reunión. Por ello, lo que se sugiere es que se reduzca ese plazo temporal y que la aprobación sea por mayoría cualificada, no únicamente absoluta.
Además, la Comisión asegura que una amnistía no debe diseñarse para beneficiar a determinados individuos, pide establecer una relación más directa entre los actos
de preparación de las consultas independentistas de 2014 y 2017, así como de los actos de malversación que quedarían amnistiados y, en cuanto al hecho de que también esté cubierto el terrorismo, indica que el principio rector es que «las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si se excluye de su aplicación las violaciones serias de derechos humanos».
Objetivo legítimo
Aun así, en su razonamiento, el órgano europeo también señala que las leyes de amnistía son útiles para «la unidad nacional y la reconciliación social y política». Estos son «objetivos legítimos» y además, son «medidas de gracia que se dan en la mayoría de los países». Con todo, al reconocer que la propuesta ha provocado «profundas y virulentas divisiones» en España, también se pide al Gobierno «tomarse el tiempo necesario para el diálogo significativo en el espíritu de una cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición».
Tanto fuentes del PP como del PSOE comentaron la información poco después de hacerse pública, con interpretaciones diametralmente opuestas. En concreto, el PP habló de un «nuevo varapalo» al Gobierno, pues, la Comisión habría certificado, entre otras cosas, que la ley rebasaría «los límites del derecho europeo y denuncia que se vulneran la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial». En cambio, según el PSOE, se
Señala que una amnistía no debe diseñarse para beneficiar a algunos individuos
El PP considera que el dictamen europeo es un «nuevo varapalo» para el Gobierno
ha mantenido la «valoración inicial (del órgano europeo) sobre la legitimidad política de la amnistía como instrumento para la reconciliación».
La decisión de la Comisión de Venecia llega después de una reunión de las subcomisiones sobre el Estado de derecho y de justicia de la Comisión de Venecia, que estaban llamados a analizar las observaciones del grupo de expertos encargados de dar su asesoramiento jurídico sobre el tema. Algunos de ellos rostros conocidos de la política europea, como Marta Cartabia, ministra de Justicia de Italia durante el mandato de Mario Draghi (2021-2022), Philip Dimitrov, exprimer ministro de Bulgaria, Martin Kujier, vicepresidente de la Comisión.
La nota de prensa con los principales contenidos de la decisión del órgano antecede a la divulgación de las conclusiones que se conocerán el próximo lunes.