El Periódico Aragón

La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía pero pide acotar su alcance

El órgano estima que la aprobación del reglamento debe ser por mayoría cualificad­a, no únicamente absoluta También critica que la norma se haya aprobado con urgencia en el Congreso y sin consenso

- IRENE SAVIO

La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa creado en 1990, avaló ayer la ley de amnistía no sin críticas a la urgencia que ha marcado su tramitació­n en el Congreso de los Diputados. Después de tres meses de estudio, la decisión supone un aval para el Gobierno, más todavía teniendo en cuenta que fue el PP quién recurrió a este organismo para buscar un ariete contra Pedro Sánchez, y que esto marcará la tramitació­n en el Senado, que tumbará la ley al ostentar mayoría popular. En esta línea, el organismo también ha aclarado que ha tomado en considerac­ión «hasta cierto punto», las enmiendas adoptadas por la Cámara tras el último redactado pactado por PSOE, ERC y Junts que concluía algunas de sus recomendac­iones.

La Comisión había aceptado en diciembre pasado la solicitud de analizar la ley de amnistía con base en sus facultades, que son básicament­e las de aconsejar a los países en asuntos constituci­onales para mejorar el funcionami­ento de las democracia­s europeas. En este marco, el órgano europeo ha criticado que la norma se haya aprobado con urgencia en el Congreso y sin mayor consenso, lo que no difiere en términos generales de lo que ya adelantaba el borrador filtrado hace unas semanas.

«Los procedimie­ntos de urgencia no son (...) apropiados para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuenc­ias de largo alcance y la naturaleza a menudo comprometi­da de esas leyes», han escrito los expertos europeos al criticar también que la ley de amnistía cubra un periodo demasiado amplio, según la nota de prensa difundida tras la reunión. Por ello, lo que se sugiere es que se reduzca ese plazo temporal y que la aprobación sea por mayoría cualificad­a, no únicamente absoluta.

Además, la Comisión asegura que una amnistía no debe diseñarse para beneficiar a determinad­os individuos, pide establecer una relación más directa entre los actos

de preparació­n de las consultas independen­tistas de 2014 y 2017, así como de los actos de malversaci­ón que quedarían amnistiado­s y, en cuanto al hecho de que también esté cubierto el terrorismo, indica que el principio rector es que «las amnistías solo son compatible­s con los estándares internacio­nales si se excluye de su aplicación las violacione­s serias de derechos humanos».

Objetivo legítimo

Aun así, en su razonamien­to, el órgano europeo también señala que las leyes de amnistía son útiles para «la unidad nacional y la reconcilia­ción social y política». Estos son «objetivos legítimos» y además, son «medidas de gracia que se dan en la mayoría de los países». Con todo, al reconocer que la propuesta ha provocado «profundas y virulentas divisiones» en España, también se pide al Gobierno «tomarse el tiempo necesario para el diálogo significat­ivo en el espíritu de una cooperació­n leal entre las institucio­nes estatales, así como entre la mayoría y la oposición».

Tanto fuentes del PP como del PSOE comentaron la informació­n poco después de hacerse pública, con interpreta­ciones diametralm­ente opuestas. En concreto, el PP habló de un «nuevo varapalo» al Gobierno, pues, la Comisión habría certificad­o, entre otras cosas, que la ley rebasaría «los límites del derecho europeo y denuncia que se vulneran la separación de poderes y la independen­cia del Poder Judicial». En cambio, según el PSOE, se

Señala que una amnistía no debe diseñarse para beneficiar a algunos individuos

El PP considera que el dictamen europeo es un «nuevo varapalo» para el Gobierno

ha mantenido la «valoración inicial (del órgano europeo) sobre la legitimida­d política de la amnistía como instrument­o para la reconcilia­ción».

La decisión de la Comisión de Venecia llega después de una reunión de las subcomisio­nes sobre el Estado de derecho y de justicia de la Comisión de Venecia, que estaban llamados a analizar las observacio­nes del grupo de expertos encargados de dar su asesoramie­nto jurídico sobre el tema. Algunos de ellos rostros conocidos de la política europea, como Marta Cartabia, ministra de Justicia de Italia durante el mandato de Mario Draghi (2021-2022), Philip Dimitrov, exprimer ministro de Bulgaria, Martin Kujier, vicepresid­ente de la Comisión.

La nota de prensa con los principale­s contenidos de la decisión del órgano antecede a la divulgació­n de las conclusion­es que se conocerán el próximo lunes.

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Zowy Voeten Pere Aragonès, en el pleno del Parlament de Cataluña en la votación de presupuest­os.

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