Alquileres y naranjas
Pese a que se recomienda no dedicar más del 30% de los ingresos a vivienda, ese margen se sobrepasa en todas las autonomías
Hoy la PAC prima la eficiencia (bandera de la globalización) frente a la seguridad alimentaria y el medio ambiente
¿Qué tienen en común alquileres y naranjas? ¿Nada? No nos precipitemos. Son dos sectores en crisis, como lo manifiestan los miles de tractores en nuestras carreteras y tantos jóvenes viviendo en la casa paterna. ¿Más aspectos en común?
Analicemos la vivienda. Un dato: casi un 30% de familias sufren «exclusión residencial», a pesar de que actualmente constituye el principal gasto familiar y que afecta a las personas más vulnerables: familias monomarentales y hogares encabezados por mujeres. Pese a que se recomienda no dedicar más del 30% de los ingresos a vivienda, ese margen se sobrepasa en todas las autonomías, llegando a superar el 60% en zonas de la comunidad de Madrid. Esto provoca un gran crecimiento de desahucios por parte de bancos y fondos de inversión. Si añadimos el aumento de tipos de interés que dicta Europa para contener la inflación, y fenómenos nuevos como la gentrificación (renovación de una zona urbana deteriorada desplazando a su población en beneficio de otra con mayor poder adquisitivo) y la turistización… el problema es una emergencia social. Lo paradójico es que gran parte de los inmuebles sean adquiridos para «inversión mayorista no residencial», lo que dispara los precios e impide el uso residencial de muchas familias. Hoy solo cuatro de cada diez compraventas se realiza mediante hipoteca porque la mayoría es inversión o segunda vivienda.
¿Dónde queda la Constitución? ¿Qué hacer? Si preguntamos a los ciudadanos: leyes contra el desahucio y el corte de agua-electricidad; topes a los alquileres; obligar a los bancos (que aún no han devuelto su rescate) a poner precios asequibles; impedir por ley que los pisos de la Sareb se vendan a fondos de inversión; limitar la turistización en zonas saturadas e impedir la gentrificación; ejercer control sobre los créditos e hipotecas; ampliación notable del parque público de viviendas… Esto propone la ciudadanía, pero en su mayor parte es rechazado por los que mandan de verdad, que no son nuestros gobernantes, sino instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial, la FAO, la OMC, el Foro de Davos, el G20… Cierto que estos postulados son asumidos por la Comunidad Europea bajo la bandera del libre comercio, o sea, el liberalismo económico que solo entiende la libertad en una dirección: la del capital.
Analicemos la agroganadería. El círculo vicioso de sequía-tormentas; costes de producción (piensos, productos fitosanitarios, gasoil y electricidad, maquinaria, inversiones, seguros…); competencia desleal de terceros países; bajos precios y ventas a pérdidas; plagas y enfermedades; excesiva burocracia; dificultades de sobrevivir en la España vaciada; falta de relevo generacional… Todo ello está haciendo explotar el modelo tradicional, compuesto mayoritariamente por autónomos. En diez años se ha reducido un 20% el número de autónomos. Mientras los gigantes del sector ganan más, las pequeñas explotaciones agonizan a la par que el proceso de concentración de la tierra lleva dos décadas creciendo. Las industrias transformadoras y de distribución presionan para que haya explotaciones cada vez más grandes y controlables.
¿Qué políticas aplicar? De nuevo, la gente común nos dice: impedir las importaciones que hacen competencia desleal; ayudas directas a pequeños agricultores y ganaderos; no firmar nuevos acuerdos de libre comercio como el previsto con Mercosur; disminución de burocracia y simplificación de la PAC; presupuesto suficiente para complementar los seguros agrarios; rebaja fiscal al gasóleo agrícola; modificar la ley de la cadena alimentaria; políticas públicas para el relevo generacional; leyes que impidan la especulación por fondos de inversión; leyes frente a la instalación de energías renovables en terrenos agrarios… De nuevo se choca con los que mandan de verdad y su mantra de que los mercados se regulan. Los lobis no descansan por pasillos y despachos de Bruselas. Hoy la PAC prima la eficiencia (bandera de la globalización) frente a la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
Y así se cierra el círculo vicioso (nunca mejor dicho): los pisos por las nubes y la leche y los tomates españoles por los suelos , arrojados por los propios productores forzados a vender a pérdidas, imposibilitados de competir con las grandes empresas del sector. Entre medio, los consumidores que, reconozcámoslo, estamos contaminados por el bajoprecismo y no siempre valoramos la calidad (alimentaria, sanitaria y medioambiental) de los alimentos autóctonos. Frente al mercado global no acudimos lo suficiente al mercado de abastos, o sea, los productos de proximidad.
En último término, visto lo visto, los gobiernos deben ejercer una discriminación positiva de la agroganadería nacional y europea y del mercado inmobiliario residencial, frente a la tiranía del mercado global. El libre comercio no debe prevalecer frente a las condiciones de vida de la mayoría de la población. Los gobiernos se deben a las personas. En este momento, los gobiernos deben ejercer un «proteccionismo proporcionado» para defender a sus trabajadores del campo y a sus ciudadanos en busca de vivienda, sin renunciar a los avances logrados en seguridad alimentaria y en respeto al medio ambiente que es, en última instancia, posibilitar las cosechas y la cabaña ganadera del futuro.