La DGA destinará 5,3 millones para finalizar el colegio Ana María Navales
Las próximas reformas incluyen nueve unidades para los estudiantes de primaria, así como el futuro gimnasio y la biblioteca
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la licitación del expediente de obras y un gasto plurianual de 5,33 millones para finalizar las 9 unidades de primaria, el gimnasio, la sala de usos múltiples y la biblioteca en el Centro Público Integrado (CPI) Ana María Navales, de Zaragoza, que quedaron pendientes tras la decisión del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades de iniciar la resolución anticipada del contrato por incumplimiento culpable de la contratista.
El contrato de obras para la construcción de nueve unidades de Infantil y nueve unidades de Primaria en el CPI Ana María Navales fue adjudicado en agosto de 2022 a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción S. L., por la anterior administración educativa, por 9,09 millones de euros, y con un plazo de ejecución total de 17,5 meses y un plazo parcial de 11,5 meses.
Tras las deficiencias no corregidas en el área de Infantil, que se estrenó este curso, y el retraso acumulado de más de tres meses en la fase de Primaria, el departamento actual tuvo que iniciar la rescisión del contrato el pasado 14 de diciembre. En la misma orden, se acordó iniciar el procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato, por la parte que quedaba sin ejecutar, para lo que tuvo que redactarse y aprobarse el proyecto.
Ahora, el Gobierno autoriza la tramitación del nuevo expediente, a través del procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia, en el que se invitará a las empresas que en su día se presentaron a la licitación y no resultaron adjudicatarias y a alguna otra que ha mostrado su interés en ser invitada al proceso.
El plazo de ejecución es de diez meses, con una ocupación parcial a los cuatro meses del gimnasio, la biblioteca y la sala de usos múltiples, así como la adaptación de los espacios de Infantil a su uso definitivo (aula de psicomotricidad).
De forma paralela, se está tramitando un expediente para determinar los daños y perjuicios causados con el fin de precisar los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato, con el fin de conocer si éstos exceden del importe de la garantía incautada. Además, la DGA está adoptando las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado.