Koldo, una red que embaucó a media España
13 diarios de Prensa Ibérica diseccionan los tentáculos autonómicos de la trama que atenaza al Gobierno, que usó la emergencia sanitaria para hacer negocios millonarios
Con información de El Periódico, El Periódico de España, Diario de Mallorca, La Provincia, El Día, La Opinión de Zamora, Levante-EMV, Diario Información, El Periódico de Aragón, La Opinión de Murcia, El Periódico de Extremadura, La Nueva España y Diario Córdoba.
Entre marzo y junio de 2020, diversos organismos del Estado realizaron compras masivas (y desesperadas) de mascarillas para repartir entre su personal durante el confinamiento por el covid. Unos contratos con los que, según Hacienda, «múltiples intermediarios» aprovecharon la «necesidad sanitaria» para obtener «beneficios excesivos» en «el peor momento de la pandemia». Las irregularidades de los años posteriores extienden las sospechas por casi todo el territorio español. Aquí va un paseo por todo el mapa.
BALEARES. El Govern de Armengol compra en abril de 2020 «un avión repleto de mascarillas», sin precisar el número ni el precio unitario, por 3,7 millones abonados en un solo pago. Cien mil euros van a través de Víctor de Aldama al también imputado Rogelio Pujalte, a quien Koldo llama «cariño mío». El ministerio de Trabajo certifica que todo el cargamento es fraudulento, por no ajustarse a las FFP2 comprometidas. El PSOE ocultará la irregularidad a la intervención, los fondos europeos y la fiscalía anticorrupción. En tres años no se intentará recuperar el dinero, se felicitará a la empresa de la trama por un envío «satisfactorio» y se la recomendará para nuevos contratos. El PP tampoco ha avanzado en el reintegro. MATÍAS VALLÉS
CANARIAS. El caso Koldo se extiende por el archipiélago como una marea negra, cada vez más viscosa y sucia. Es la comunidad en donde más dinero levantó la trama en contratos públicos. De los 52 millones que sacaron 15,3 proceden de las arcas públicas canarias. Y las ramificaciones salpican no solo al PSOE sino también a otro partido, Nueva Canarias, una formación nacionalista de izquierdas con quienes gobernaron los socialistas junto a otros dos partidos en la pasada legislatura.
En el territorio canario no hay ningún investigado ni sospechoso del pago de comisiones pero el caso que se indaga en la Audiencia Nacional angustia al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias hasta mayo de 2023, y a su jefe de Gabinete y exviceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Ambos
aparecen citados en un grupo de Whatsapp de los cuatro cabecillas de la trama, denominados los 4 mosqueteros. P. RUIZ
COMUNIDAD VALENCIANA. La principal implicación valenciana en el caso ha sido la expulsión del partido de José Luis Ábalos. El exministro ha sido un hombre clave en la federación aunque ya sin influencia desde su salida del Gobierno en 2021. La otra clave valenciana es la de Puertos del Estado. Este organismo público fue el primero que compró mascarillas a la trama en marzo de 2020 por 24 millones cuando estaba como presidente Francisco Toledo, nombrado un mes antes, y quien defiende que el proceso fue «impoluto».
La investigación apunta a que parte de los beneficios de Koldo García se han destinado a comprar propiedades en la comarca alicantina de la Marina Baixa: dos apartamentos en Benidorm y tres parcelas en Polop que suman 15.000 metros cuadrados. En la casa que el exasesor de José Luis Ábalos tiene en este municipio, en la que fue detenido el 20 de febrero, se intervinieron nueve armas, 23 móviles, criptomonedas y 24.000 euros. La investigación desvela que en otra localidad de la comarca, Callosa d’en Sarrià, Koldo García gestiona una explotación agrícola de pitahaya en una finca de 10.000 metros cuadrados y que habría adquirido otros dos terrenos en la zona. DIEGO SAN JOSÉ Y BORJA CAMPOY
ARAGÓN. Los tentáculos del caso Koldo han salpicado a Aragón, pero de una manera más circunstancial. La presunta trama de corrupción no logró que el Ejecutivo autonómico le comprara ninguna de sus mascarillas. Y eso que Koldo García lo intentó. A pesar de ello, el foco ha estado puesto en esta comunidad autónoma desde que el escándalo saltó a la opinión publica porque aquí estaba la base de operaciones del negocio millonario que levantaron los cabecillas de la trama, Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto.
La empresa con la que obtuvieron pingües beneficios, bajo la acusación de hacerlo con el cobro de comisiones ilegales, está domiciliada en Zaragoza. Se trata de la sociedad mercantil Soluciones de Gestión
y Apoyo a Empresas SL, que actuó como un mero instrumento para los objetivos de la trama. La sociedad clave del caso Koldo fue creada por un matrimonio zaragozano que emigró a Angola en 1998 y, debido a la inestabilidad del país, decidió deshacerse de ella casi 20 años después. Así habría caído en manos de un conglomerado para ser la gran beneficiada del pelotazo de las mascarillas.
Koldo García trató de colocar al Gobierno de Aragón varios millones de mascarillas. El Ejecutivo autonómico, entonces liderado por el socialista Javier Lambán, rechazó el ofrecimiento al no convencerle las condiciones que ofertaba, tanto por su elevado precio como por la mecánica en la que quería que se hiciese la compra. «Olía mal a la legua lo que ofrecía», confesó un conocedor de las gestiones. JORGE HERAS
MURCIA. La trama salpica en la Región de Murcia a Rogelio Pujalte, empresario encargado del depósito judicial de Murcia. Este individuo, presuntamente, habría alertado al que fuera asesor de Ábalos de que la fiscalía estaba detrás de sus pasos. Así consta en la querella de Anticorrupción. Rogelio, supuestamente, mandó un mensaje a Koldo García alertándole de que le estaban investigando. Su nombre sale a relucir porque salió en las escuchas llevadas a cabo, con la autorización judicial, en el marco de las pesquisas.
Pujalte, en libertad con cargos, habría alertado a Koldo de que no emplease en sus dispositivos la aplicación Telegram para mandar mensajes. Una sugerencia ante la cual el allegado de Ábalos habría respondido: «Lo sé todo».
Koldo subraya a Pujalte que sabe «que están, cómo están, cuándo están», indicando que esta situación «es por culpa del perro», en referencia a Víctor Gonzalo de Aldama. Entonces Rogelio dice, textualmente: «Yo cuando me dicen de ti pues lo primero que hago es ponerme en contacto». Aunque las palabras puedan parecer inconexas y falte contexto, la Fiscalía tiene claro que estaba tratando de alertar a su amigo Koldo de que los investigadores de la UCO le estaban pisando los talones.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestaron a Pujalte en su vivienda de la población murciana de La Raya.
El murciano tendría vínculos con De Aldama, quien hizo a Rogelio Pujalte una transferencia de 100.000 euros. Un dinero, supuestamente, que sería adelanto de un negocio que, según fuentes cercanas al caso, no habría prosperado: el de poner una incineradora de drogas en la Región de Murcia.
Se da la circunstancia, además,
de que este hombre cuenta en su haber con antecedentes policiales por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, algo que también consta en el sumario del caso.
Rogelio Pujalte es el dueño de un depósito en el que se custodian bienes decomisados a delincuentes. Entre estas pertenencias hay coches de lujo, camiones, motos, productos falsificados y hasta barcos. Se trata de objetos en su momento intervenidos en diferentes operaciones, que permanecen en custodia en estas instalaciones.
Los guarda, en colaboración con la Administración, hasta que salen a subasta, en una instalación de 20.000 metros cuadrados ubicada en un polígono industrial próximo a la capital de la Región de Murcia, donde hay bienes que, en su conjunto, suman millones de euros. ANA LUCAS
CASTILLA Y LEÓN. La situación judicial de Víctor de Aldama ha colocado al Zamora CF, del que es propietario, en el punto de mira. Los investigadores estudian la relación del pago de 1,3 millones de euros por parte del empresario para la compra de acciones del club con el presunto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas.
La UCO analiza los movimientos entre empresas vinculadas a Aldama entre junio y septiembre de 2020, cuando concluyó el proceso de compra, para determinar si hay una procedencia ilegal. Con incertidumbre, la actividad en el Zamora CF continúa, aunque el club tiene las cuentas bloqueadas, y se mantiene a la espera de que el juez autorice el pago de nóminas a los trabajadores. PAZ FERNÁNDEZ
EXTREMADURA. En Extremadura la trama Koldo solo se quedó en intento, o al menos es lo que asegura el exconsejero de Sanidad José María Vergeles. En 2020, con el socialista Guillermo Fernández Vara en la Presidencia, la principal empresa investigada, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., envió un mail remitido por Íñigo Rotaetxe, uno de sus titulares, y ofertó la adquisición de 700.000 mascarillas por 1,7 millones de euros.
La venta nunca llegó a materializarse, según constatan los actuales responsables actuales de la Junta de Extremadura que, sin embargo, temen que la comunidad haya sido utilizada por la trama de corrupción. El pasado lunes, en unos almacenes de Almendralejo, cedidos durante la pandemia a la administración sanitaria, se hallaron 700.000 mascarillas con los logotipos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), apiladas en palés con carteles que advertían: «No utilizar». La Guardia Civil investiga ahora el origen del material sanitario. Los agentes también registraron una finca propiedad de Juan Carlos Cueto, presunto testaferro de Koldo García, en la localidad cacereña de Salorino, en busca de pruebas. CARMEN HIDALGO Y ÁNGEL GARCÍA COLLADO
ASTURIAS. La propuesta de venta de mascarillas del caso Koldo llegó también a los despachos del Servicio de Salud del Principado, pero el gobierno regional asturiano socialista que ya había iniciado trámites con proveedores sanitarios conocidos terminó desconfiando. La insistencia, ciertas informalidades en la propuesta y el hecho de que el precio fuese más elevado que el que ofrecían otros proveedores hizo sospechar a los funcionarios responsables de compras. Según ha trascendido, un representante de la empresa de la trama y una empleada de la central de compras de Salud contactaron por correo electrónico el 28 de abril de 2020, según la investigación. La persona de contacto era Íñigo Rotaeche, investigado en el caso Koldo y la funcionaria reclamaba los certificados, datos técnicos, disponibilidad y plazos de entrega. Pero las complicaciones para la recogida, el precio y otros detalles «sospechosos» hicieron desestimar la oferta, pese a que los interlocutores utilizaban el nombre del Ministerio de Transportes para ganar fiabilidad.
La información sobre la empresa, no relacionada con el ámbito sanitario y con experiencia desaconsejaron siquiera tenerla en consideración. VICENTE MONTES
ANDALUCÍA. Las ramificaciones del caso han alcanzado dos provincias en Andalucía: Córdoba y Granada. En la primera, se produjo el registro de un domicilio en Benamejí vinculado a Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil detenido. Considerado por la UCO como «la línea de comunicación segura» con el resto de la trama, pudo ser quien informase a Koldo García de que estaba siendo investigado.
En el sumario también aparecen dos hermanos, Cristian y Rubén Corvillo, de Peñarroya- Pueblonuevo. El primero de ellos es un conocido militante del PSOE de Córdoba, vinculado con el exministro Ábalos desde las primarias socialistas. La UCO dice de ellos que «podrían compartir intereses societarios» con Víctor de Aldama. De hecho, habrían adquirido participaciones de MTM 180 Capital SL, sociedad que el presidente del Zaragoza empleó para suscribir contratos con Soluciones de Gestión.
En Granada, es el nombre de Patricia Uriz, pareja sentimental de Koldo y exayudante de secretaría del Ministerio de Fomento, la que lleva el hilo de la trama hasta la localidad de Baza. Allí se ubica la firma Áridos Anfersa, dedicada a la explotación de canteras, maquinarias y obras. La empresa obtuvo contratos millonarios de Adif entre 2021 y 2022, en las mismas fechas en que contrataron a Uriz y en los que hubo encuentros y hospedajes en el mismo hotel (el Parador de Granada) entre Ábalos y representantes de la empresa. IRINA MARZO
GALICIA. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Soluciones de Gestión adquirió fincas en el ayuntamiento ourensano de Carballeda de Valdeorras con los beneficios de sus operaciones supuestamente fraudulentas. En concreto, adquirió terrenos rústicos en esta localidad para después traspasarlos a una filial del mismo grupo.
Se trataría de un ejemplo más del papel que Koldo y esta empresa «pudo desempeñar en la adjudicación, pudiendo haber hecho uso de terceras personas próximas a su círculo familiar con la posible finalidad de ocultar, o al menos dificultar, la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos».