El juez Pedraz ordena bloquear Telegram por contenido ‘pirata’
El magistrado da un ultimátum a las operadoras de telecomunicaciones que de momento no se cumple. Consumidores, internautas e ingenieros critican la medida por «desproporcionada».
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó ayer bloquear en España la aplicación de comunicaciones Telegram por la difusión de contenidos pirateados e incluso dio un ultimátum de tres horas a las operadores de telecomunicaciones para ello desde la recepción de la orden judicial. Una medida que, al cierre de esta edición, aún no se había cumplido pero que desató grandes críticas por lo que diversos sectores consideraron censura, además de una actuación exagerada.
La orden del juez deriva de una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+ en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.
Pedraz, titular de Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, considera la medida «necesaria, idónea y proporcional» porque no hay alternativa para frenar la difusión de esos contenidos, mientras que la organización de consumidores Facua y el Consejo de Ingenieros Informáticos entienden que es «desproporcionada», como recogió Efe.
Falta de cooperación
En el auto, Pedraz ordena a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a internet con autorización para operar en España que suspendan los recursos asociados a Telegram.
Es una medida cautelar en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en esa red social.
El auto recuerda que las autoridades de las Islas Vírgenes británicas (donde está la sede social de la empresa de mensajería) no han colaborado con la comisión rogatoria enviada a Telegram para que informase de determinados datos e identificar a los titulares de las cuentas.
Insiste en que el incumplimiento reiterado de la petición dirigida a Islas Vírgenes, el 28 el julio de 2023,
impide la continuación de la instrucción de la causa, lo que le ha llevado a adoptar la decisión de bloquear porque «no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados».
La medida acordada es idónea según su criterio porque su ejecución pondría fin al acceso a través de Telegram a los contenidos de los derechos de propiedad intelectual de los denunciantes, añade. También es necesaria y «proporcional» ante la gravedad de la conducta denunciada,
y tiene apoyo legal. De hecho, Pedraz reproduce el artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ampara el bloqueo provisional.
En su auto, el magistrado acuerda también la prórroga de la investigación por seis meses, hasta el 29 de septiembre.
Pese a los razonamientos jurídicos, la asociación de consumidores Facua definió como «desproporcionado» el bloqueo cautelar de Telegram y advirtió de los «enormes» perjuicios para los millones de usuarios de la red social y para las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma.
«Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor, como si cortaran toda la señal de televisión porque existen cadenas piratas», dijo en una nota el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.
También el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática calificó como «desproporcionado» y «bastante sorprendente» el bloqueo.
«Como cerrar una provincia por un robo»
«Es como si se decidiera cerrar completamente una provincia de nuestro país porque dentro del territorio se produjese un caso de narcotráfico o un robo», añade el Consejo de Ingenieros.
En declaraciones a Efe el experto en derecho digital Borja Adsuara aseguró: «Me parece una medida desproporcionada que seguramente se echará para atrás (...), es matar moscas a cañonazos porque afecta a derechos fundamentales de libertad de expresión y de libertad información». Recordó que el intercambio de contenidos es delito cuando tiene ánimo de lucro y ahí es cuando se persigue. «Aquí lo que ha debido de ocurrir es que han localizado grupos de Telegram en los que, con ánimo de lucro, se proporciona contenido de pago (...), es decir, que existen unos ingresos, si no, no se podría perseguir por la Audiencia Nacional».
El bloqueo de la aplicación no implica que los más de ocho millones de usuarios en España tengan que quedarse sin acceso. Podrían utilizar una VPN -red privada virtualpara geolocalizarse virtualmente en Francia o en otro país distinto a España para continuar en Telegram, explicó el experto informático Hervé Lambert.
Según el servicio Downdetector, que a través de su portal sigue el rastro mundial digital, Telegram en España no reportaba ayer casi ninguna incidencia de los usuarios.