Juzgados dos corredores de rally por el incendio de la sierra de Alcubierre
El alcalde de Leciñena carga contra los conductores de un buggy que se prendió fuego y provocó la quema de casi 900 hectáreas en julio de 2019
Íñigo C. D. A. y Gaizka L. M. G. se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza como presuntos autores del incendio forestal que, en julio de 2019, calcinó alrededor de 900 hectáreas en la Sierra de Alcubierre. Ambos circulaban a bordo de un buggy que se prendió fuego en plena alerta roja por riesgo de incendio mientras preparaban el Rally Panáfrica de Marruecos, una circunstancia que reconocieron sin paliativos al mismo tiempo que reiteraron que la modificación de varios elementos del vehículo como la instalación de un segundo depósito de combustible sobre el motor o la eliminación del filtro antichispas del tubo de escape estaban homologados. Quienes rebatieron su alegato fue un guardia civil –«era imposible que se autorizaran las modificaciones porque era un vehículo diferente al que compraron», afirmó– y el por entonces alcalde de Leciñena y Agente de Protección de la Naturaleza (APN), Raúl Gracia, al denunciar que no deberían haber iniciado la práctica deportiva. «Era una actividad totalmente irresponsable y sin ningún tipo de autorización», lamentó Gracia.
La voz cantante la llevó el primero de los acusados en calidad de conductor y titular del biplaza. A lo largo del interrogatorio, que se prolongó durante más de una hora, Íñigo C. D. A. explicó que contactó con la empresa Road Buck Factory para completar un ejercicio de formación con un navegador GPS que luego utilizaría en el rally. «Era una formación tipo Dakar. Tienes un libro de ruta y, guiándote por unas viñetas, decides por dónde ir», señaló. «Nos dijeron de hacerlo entre junio y julio porque se cosechaba y tenían apalabrado con los agricultores pasar por sus fincas», añadió.
Al final fijaron el 23 de julio como el día para practicar el citado ejercicio a lo largo de la Sierra de Alcubierre, del que aseguraron haber pactado un precio de 180 euros. «Estuvimos hora y pico con la teoría en el bar de las piscinas de Villamayor de Gállego», declaró el conductor,
quien reiteró que desconocía la alerta roja por riesgo de incendios antes de ponerse en marcha a mediodía, en torno a las 13.00 horas. «Me daban confianza. Pensaba que eran gente seria», insistió.
De las insinuaciones de culpabilidad formuladas por los acusados se desligaron los promotores de la actividad, quienes negaron haberla publicitado a través de las redes sociales y matizaron que el anuncio se correspondía a una actividad organizada para el motoclub de Villamayor.
Uno de ellos, hecho un manojo de nervios, se limitó a señalar que solo les había facilitado el navegador de su amigo al entregarlo en la piscinas. «Fui el que se lo prestó», se defendió ante el tribunal provincial, presidido por la magistrada María del Milagro Rubio. Su compañero indicó que los acusados contactaron con él dado su trabajo como «entrenador de equipos de automovilismo». «El organizador de una carrera les pasó mi teléfono y querían probar el aparato de navegación con el que hicimos el curso. Lo hice porque me dijeron que se lo hiciera como un favor», argumentó.
Íñigo C. D. A. y Gaiza L. M. G. se enfrentan a cuatro años de cárcel a petición del ministerio fiscal y las acusaciones particulares a cargo de Miguel Lanaspa y Fernando Octavio de Toledo, en representación del Ayuntamiento de Leciñena y de Perdiguera, elevan la pena privativa de libertad hasta los cuatro años y seis meses. La indemnización asciende a 1.425.000 euros por los perjuicios a los consistorios, al Ejecutivo autonómico –ejerce la acción civil José Luis Gay– y a varios apicultores y agricultores.
Ambos afrontan una pena de cuatro años de cárcel y el pago de casi millón y medio de euros de indemnización