El plan de Sánchez: modernizar la justicia y guerra a la desinformación
El jefe del Ejecutivo alienta un proyecto de regeneración democrática pero deja claro el rechazo a rebajar las mayorías para facilitar la renovación del CGPJ
Pedro Sánchez justificó ayer su continuidad en el Gobierno para impulsar un plan de regeneración democrática y avanzar en «derechos y libertades» después de la campaña de «acoso» a él y a su familia, especialmente a su mujer, Begoña Gómez. Ante la falta de concreción y de propuestas en este sentido tras dejar al país durante cinco días en vilo, varios de los socios parlamentarios se apresuraron en aprovechar el debate abierto para exigir medidas efectivas y arrastrar al Gobierno hacia posiciones a las que se resistía. Desde modificaciones legales para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el Partido Popular, a través de una rebaja de las mayorías parlamentarias necesarias para ello, hasta una ley de medios, regular el reparto de publicidad institucional o derogar la denominada ley mordaza.
Todos los caminos para rellenar de contenido el anunciado compromiso «de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia» llevan al Ministerio de Presidencia y Justicia. La cartera dirigida por Félix Bolaños tiene pendiente de desarrollar un plan contra la desinformación y diferentes iniciativas encaminadas a «modernizar» y «democratizar la justicia». Un marco que ahora los socios buscan ensanchar y que el propio Gobierno podría aprovechar para dar un salto cualitativo en la agenda prevista.
Redacción ambigua
A todo ello se suma a la renovación pendiente del CGPJ, que ante los fracasados intentos de pactarla con el PP ya dejó abierto cierto margen de maniobra en el acuerdo de coalición con Sumar para «garantizar el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las
instituciones públicas». Una redacción pretendidamente ambigua que alimenta las sospechas de la oposición.
Desde el Gobierno se descartó reiteradamente la opción de recuperar la propuesta para rebajar las mayorías. Una vía a la que ya se opuso la Comisión Europea. Lo que sí puso sobre la mesa Pedro Sánchez, antes de reabrirse las negociaciones con el PP, fue la amenaza de quitar competencias al órgano constitucional. Principalmente, su potestad para realizar nombramientos en la cúpula judicial. No para asumirlas el Gobierno, según fuentes del Ministerio de Justicia, como han demandado los socios de coalición, sino más en línea con el plan Guilarte. El presidente en funciones del CGPJ remitió la pasada semana una propuesta al Congreso para «limitar la inevitable discrecionalidad actual, reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad».
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lanzó sus sospechas sobre que el presidente del Gobierno pretenda poner en marcha una
Los socios exigen medidas efectivas y acciones a las que el Gobierno se resistía hasta ahora
«Quiere colar un cambio de régimen por detrás de toda esta obra de teatro», dice Núñez Feijóo
agenda de reformas legislativas, como el cambio de mayorías para elegir a los vocales. «Quiere colar un cambio de régimen por detrás de toda esta obra de teatro», denunció en una comparecencia aun sin querer entrar en «elucubraciones» sobre cómo se sustanciaría.
Entre las medidas incluidas en el programa de coalición, y que ahora Sumar ha instado a «cumplir íntegramente e ir más allá», se encuentra un plan de modernización de la justicia con propuestas para su «democratización». Todas
ellas poco sospechosas de alentar un «cambio de régimen», como ha alertado el presidente del PP, pero que ahora servirían como guía para profundizarse. En el programa electoral del PSOE se incluía el compromiso para «facilitar el acceso democratizador a las profesiones jurídicas, lo que hace que nuestra justicia sea más parecida a la sociedad diversa y plural del país». En el acuerdo de gobierno se concretaba como «un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales, desarrollando un sistema de becas públicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo público en la justicia, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades».
El debate sobre la justicia, con las insinuaciones de lawfare lanzadas por los socialistas durante estos días tras la investigación judicial abierta contra Begoña Gómez, se ha espoleado también con el marco de la «guerra sucia». De forma indirecta en la carta del presidente del Gobierno y de forma directa en manifiestos promovidos por cargos institucionales socialistas.