El Periódico Aragón

Denuncian a un concejal de Vox en María de Huerva por acoso laboral

Una trabajador­a municipal asegura que ha tenido que cogerse una baja por ansiedad debido al «miedo» La defensa cree que no hay «ninguna base legal»

- ALBERTO ARILLA Zaragoza

La polémica se ha instalado en los últimos días en el Ayuntamien­to de María de Huerva tras la denuncia de una trabajador­a municipal, por presunto acoso laboral, al actual teniente de alcalde, Jorge Sádaba, del grupo político Vox. Los hechos se remontan al cambio de corporació­n de hace un año, tras las elecciones municipale­s, cuando entraron a gobernar PP y Vox.

Casi de inmediato, la denunciant­e, según relata su abogado, fue reubicada de su puesto en el registro general, que ocupaba desde 2008, a otro en servicios generales, por decisión de Sádaba. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la denuncia recoge que esta decisión llegó tras una serie de entrevista­s que la nueva corporació­n mantuvo con los empleados, y en las que la denunciant­e reconoció que había tenido problemas con una compañera.

Así, la presunta víctima fue reubicada en otra oficina en la que, según narra su abogado, «tan solo había una mesa y una silla, sin ordenador ni internet». «Es el local donde se preparan las chocolatad­as y se cambian los músicos durante las fiestas», añade el letrado. Una situación que la trabajador­a

municipal, que prefiere mantener el anonimato, «aguantó» durante un mes, «prácticame­nte sin hacer nada». Asimismo, el abogado de la denunciant­e alega que «solo podía comunicars­e con el teniente de alcalde, con nadie más, y tampoco podía entrar ni salir nadie de ese local en las ocho horas de jornada», hasta el punto que, según el letrado, «su marido tenía que dejarle el bocadillo en la ventana».

«A las semanas tuvo una reunión con el teniente de alcalde, que le recriminó que hacía su trabajo

mal, ante lo que ella se defendió y tuvieron una discusión», prosigue el letrado, que subraya que la denunciant­e «llegó a tenerle miedo (a Jorge Sádaba), por lo que se ha tenido que coger la baja por ansiedad».

Tras la denuncia, interpuest­a en el mes de marzo, la Guardia Civil ha recabado informació­n a través de las declaracio­nes del alcalde, Joaquín Calleja (PP) y de otros dos testigos, uno de ellos de la Policía Local de la localidad zaragozana. Según su declaració­n, el alcalde asegura que «nunca ha llegado a observar un trato degradante o vejatorio, ni lo habría tolerado», aunque sí admite que el concejal implicado «tiene un carácter fuerte» y que sus formas pueden ser «bruscas e inadecuada­s».

En cambio, la versión de Jorge Sádaba difiere en algunos puntos de la de la presunta víctima. Su letrado, Enrique Esteban Pendás, contextual­iza a este diario que, según su defendido, «había problemas entre esta empleada y alguna de sus compañeras», hecho que reconoce la propia trabajador­a afectada, motivo por el cual fue reubicada.

En su nuevo puesto, prosigue Esteban, la trabajador­a municipal «no estaba a gusto, y pidió reincorpor­arse al anterior, y cuando se le niega empieza un chantaje para conseguirl­o». «Nadie acredita todo lo que dice la denunciant­e», asegura Esteban Pendás, que considera que el caso «no tiene ninguna base legal». Sin embargo, la otra parte asegura que los testigos «verificaro­n» que veían a la trabajador­a «ansiosa y temerosa». De hecho, según ha podido saber este diario, uno de los testigos suscribió que veía a la presunta víctima «aislada» de sus compañeros, algo «excepciona­l».

Sea como fuere, ahora el caso ya está en manos del juzgado, que ha admitido la denuncia a trámite y ha abierto diligencia­s, y en los próximos días deberá decidir si el proceso judicial sigue adelante o se archiva. Sádaba, eso sí, se acogió a su

El alcalde, Joaquín Calleja (PP), afirma que se va a implantar un protocolo contra estas situacione­s

derecho a no declarar ante los agentes.

En declaracio­nes a este diario, el alcalde, Jorge Calleja, sostiene que ahora «deberá ser la justicia quien dictamine y actúe». En cualquier caso, afirma que esta coyuntura «no va a alterar el funcionami­ento del Gobierno», aunque espera que el caso se resuelva «lo antes posible» y pide la «máxima prudencia». Con todo, el alcalde sí anuncia que tiene previsto implementa­r un protocolo contra el acoso laboral en el consistori­o.

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El Periódico Una de las entradas a María de Huerva, en una imagen de archivo.

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