Fianza y a casa
Forcadell duerme en prisión y quedará en libertad, como el resto de la Mesa, con un aval Junqueras vetó la lista conjunta con el PDECat justo antes de entrar en la cárcel Los ‘comuns’ votan para decidir si mantienen el pacto municipal de BCN con el PSC
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de querellados, «no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional». De ahí que el magistrado Pablo Llarena no haya aceptado la dura petición fiscal de prisión incondicional para cuatro de ellos. Se limita a enviar a la cárcel madrileña de Alcalá-Meco a Forcadell hasta que pague una fianza de 150.000 euros fijada.
Al portavoz de Junts pel Sí, Lluís Coromina, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet les ha impuesto otra de 25.000 euros a cada uno y disponen de una semana para hacerla efectiva. En el momento en que las hagan efectivas tendrán que realizar comparecencias semanales en el juzgado que decidan. Además, deberán entregar su pasaporte y se les prohibirá abandonar el territorio nacional. Joan Josep Nuet quedó en libertad provisional.
El auto niega, basándose las de- claraciones de los imputados, aunque admite que puedan «ser mendaces», el riesgo de reiteración delictiva que la fiscalía esgrimía apoyándose en gran medida en la huída del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El juez destaca que la Mesa del Parlament ha comparecido siempre que ha sido llamada.
ACTUACIÓN PRINCIPAL Mientras el ministerio público considera a Forcadell «ideóloga de la secesión», el juez Llarena resalta que tuvo «una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo en cada periodo».
Como presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) «perfiló, asumió y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva (...); una actuación esencial, que vino seguida por su presidencia del Parlament, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba» para conducir «a la declaración de independencia».
De ahí que su responsabilidad
La presidenta de la Cámara tuvo «una intervención
medular» en el proceso que llevó a la DUI, según el auto
«no sea comparable» a la que puede atribuirse «a la mayor parte del resto de partícipes», cuyo comportamiento, en cualquier caso, «aparece perfecta e inmutablemente esculpido en los diarios de sesiones del Parlament».
El magistrado recuerda «la agravación punitiva» que el Código Penal prevé para la rebelión o la sedición, si de la instrucción se desprende que ese es el delito cometido. Admite la premisa fiscal de la importancia de la movilización ciudadana al considerar «factible» que solo con ella se alcanzara la independencia pretendida por vías no previstas en la ley.
Todos los querellados negaron que concurriera «la violencia» que la rebelión exige, «por más que su voluntad estuviera encaminada a la independencia» de Catalunya, dice. juez precisa que «un alzamiento es violento cuando el levantamiento se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos» y añade que ello se aleja «de las manifestaciones y reclamaciones colectivas inherentes a los sistemas democráticos actuales».
FIANZA DENEGADA / El juez rechaza la fianza solidaria de responsabilidad civil por 6,2 millones que solicitaba la fianza en su querella. El magistrado sostiene que aunque se han aportado «elementos sólidos de que se pudo llegar a consumirse recursos públicos», no hay «base probatoria» en la querella fiscal que «apunte a que finalmente la celebración del referéndum fuera soportada con cargo» a ellos y «menos aún que lo fuera con el alcance económico inicialmente previsto que se reclama afianzar».
Señala que las defensas han aportado una certificación de la Intervención de la Generalitat en el que únicamente se reflejan 25.000 euros por el Centre de Telecomunicacions y Tecnologies de la Informació. El magistrado la cree «coherente con la realidad del contorno», después de que los miembros de la sindicatura electoral dimitieran gracias a las multas coercitivas con las que les amenazó el Govern.
Los 6,2 millones de euros también eran reclamados por el fiscal en la querella que presentó en la AudienEl cia Nacional, por lo que en todo caso debería ser aportada por los 20 imputados por rebelión no solo por unos u otros, aunque la jueza Lamela la acordara para el depuesto Govern.
El auto reproduce todas las resoluciones del Tribunal Constitucional desobedecidas. De hecho este miércoles el alto tribunal denunció por cuarta vez a Forcadell por desobediencia reiterada a sus resoluciones. Precisamente, ayer el magistrado Llarena dio el primer paso para asumir todas las causas relacionadas y reclamó el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El juez entiende «coherente»
que el Govern gastara 25.000 euros en el
1-O y no los 6,2 millones que calcula el fiscal El magistrado afirma que la conducta de los imputados quedó grabado en las actas del Parlament