La rehabilitación como palanca de cambio
BCN introduce medidas para proteger a los inquilinos y atender a las comunidades vulnerables
Las dificultades para acceder a una vivienda asequible de alquiler, también para mantenerla, es una de las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas de Barcelona. Ante las dificultades económicas para comprar vivienda nueva, la demanda de pisos de alquiler se ha disparado en los últimos años y su precio se ha incrementado muy por encima de la subida de los salarios. Una de las medidas del actual gobierno municipal para contrarrestrar la subida de precios de los alquileres del mercado privado es aumentar la bolsa de viviendas de alquiler público (ronda el 1% del parque de viviendas total), y para ello seducen a los pequeños propietarios de pisos con unas interesantes reformas que también sirven para combatir el deterioramiento de los edificios.
El Ayuntamiento se hace cargo de una parte del coste de las reformas de estos pisos, e incluso asegura el cobro del alquiler, a cambio de colocar estas viviendas en la bolsa o prorogar los contratos existentes otros cinco años. En esta línea, para contener la subida de los precios y aumentar el parque de viviendas de alquiler, se han introducido novedades en la nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación.
Los propietarios que quieran optar a las ayudas a la rehabilitación deberán alquilar sus
viviendas por un precio situado entre el mínimo y máximo que señala el Índice de referencia de precios de alquiler impulsado por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. «El objetivo es proteger a los inquilinos, pues solo se subvencionan las obras a los que tengan el piso por debajo del índice de referencia y mantengan el alquiler durante cinco años como mínimo a partir de la subvención», subraya Anna Rigalt, jefa del departamento de Foment de la Rehabilitació del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. El índice, entendido como el precio de alquiler recomendado,se puede consultar en internet. “El índice calcula el valor del metro cuadrado a partir de unas pocas variables como la planta, los metros cuadrados y el estado de mantenimiento del piso”, añade Rigalt.
Esta medida -que excluye a las viviendas destinadas a uso turístico– impide que, finalizado el contrato vigente, se suba de manera desorbitada el precio del alquiler y, de esta manera, se intenta poner freno a la gentrificación o expulsión de los antiguos habitantes por la llegada de personas con un poder adquisitivo más elevado. INTERIORES DE PISOS La convocatoria del 2018, abierta hasta el próximo 30 de noviembre y que cuenta con un presupuesto general de 21,2 mi-
llones de euros, también incluye líneas de ayudas para hacer obras en los interiores de los pisos dirigidas a las familias más vulnerables, un subpograma dotado con 2 millones de euros. En el año pasado, se atendieron 821 solicitudes. «Se atendió sobre todo a personas que viven solas en una vivienda, que no necesitan grandes obras pero que los popietarios o inquilinos no conseguían tirarlas adelante por ellos mismos», detallan fuentes municipales. Estas pequeñas actuaciones en las viviendas suponen una mejora en aspectos como la accesibilidad, la higiene y la eficacia energética mínima. Rigalt considera que se debe hacer hincapié en estas ayudas porque con una inversión mínima «se mejora la calidad de vida de las personas»; y pone como ejemplo el impacto positivo que tiene en personas mayores o con movilidad reducida la instalación de un plato de ducha en lugar de una bañera.
Otra de las novedades de la nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación se enmarca en el despliegue del Pla de Barris, el programa que tiene como objetivo combatir las desigualdades. «Se trata de una batería de medidas extraordinarias dirigidas a las fincas de alta complejidad, comunidades que por su complejidad social o económica no consiguen beneficiarse de las políticas de rehabilitación municipales. O bien no les llega la información o no están suficientemente estructuradas o organizadas», explica Rigalt.
En total, este año la inversión en rehabilitación suma 40,1 millones de euros y se calcula que generará más de 120 millones de euros de inversión privada que supondrán la creación de más de 3.800 lugares de trabajo, según la metodología de Construmat y la CEOE.