Coincidencias en los grupos sobre las nuevas medidas a implantar

Los grupos parlamentarios tienen muchas coincidencias sobre qué propuestas de mejora hacer. Así, la mayoría están a favor de dos medidas que ya prepara el Gobierno: la creación de una autoridad independiente que vigile los riesgos macroeconómicos y de otro organismo de defensa de los consumidores financieros (el PP y Ciudadanos proponen que integrado en la CNMV). También apuestan por un nuevo reparto de funciones entre el Banco de España, que vigilaría la solvencia, y la CNMV, que se encargaría de las conductas.

El PSOE, además, propone que los bancos tengan que aportar más al Fondo de Garantía de Depósitos para que este asuma las pérdidas que los esquemas de protección de activos le pueden causar al Estado a través del FROB, aumentar los recursos de los tribunales que tramitan las demandas de las cláusulas suelo, desinvertir en Bankia de forma gradual según las condiciones del mercado y revisar el sistema de sanaciones a responsables de los bancos y supervisores.

Podemos, mientras, apuesta por la aplicación de medidas que garanticen la independencia y capacidad del supervisor (régimen de incompatibilidades, veto de personas sancionadas, fiscalización de nombramientos), el desarrollo de un modelo de unión bancaria «garantista» y la reforma del Banco Central Europeo (BCE) para lograr más transparencia e independencia.

Ejecutivo de Zapatero, al que acusa de «faltar a su deber de transparencia y al principio de precaución al minimizar la gravedad de la crisis» y al impulsar el «colosal error» que supuso el Plan E de inversión en obras municipales.

Todos los grupos parlamentarios son más o menos críticos con los banqueros, pero el más rotundo es ERC. Los republicanos culpan de la crisis a la «avariciosa y cobarde negligencia profesional» de los gestores de las entidades financieras, así como a la «complicidad de los (ir)rresponsables políticos que confiaron en ellos».

Los partidos tienen ahora que tratar de elaborar un dictamen conjunto que pueda ser debatido y votado en el Pleno a finales de año. Fuentes parlamentarias destacan que es posible llegar a recomendaciones compartidas debido al alto grado de coincidencia, pero no así a un relato común de la crisis.

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