El Periódico - Castellano

133 años para legalizar el templo

La Sagrada Família pagará 36 millones a BCN, pero falta negociar la polémica fachada de la Glòria

- CARLOS MÁRQUEZ DANIEL

El Saló de Cent suele guardarse para actos de altura. Aquí se celebra el pregón de la Mercè, se entregan los premios y se traspasan los poderes. Ayer también se usó para certificar un acuerdo histórico entre el Ayuntamien­to de Barcelona y la junta constructo­ra de la Sagrada Família, por el que el templo se compromete a pagar 36 millones de euros en 10 años que servirán para realizar mejoras en el entorno y en los transporte­s, con, por ejemplo, una salida del metro directa a la basílica. Será en forma de contribuci­ón, una suerte de compensaci­ón tras 133 años de obras de las que la ciudad no ha visto jamás un céntimo. El pacto, sin embargo, deja para más adelante el asunto más espinoso, la finalizaci­ón, o no, de la fachada de la Glòria (y todo lo que ella representa de escalinata y avenida de acceso desde la Diagonal) en la calle de Mallorca, que requeriría expropiar a muchos vecinos que hoy desayunan con vistas al sueño de Antoni Gaudí.

Ada Colau llegó visiblemen­te satisfecha. Tras unas semanas algo crudas, con Ciutat Vella dándole fuerte a la línea de flotación del gobierno de Barcelona en Comú y con el debate municipal centrado más en los candidatos opositores que en la gestión de la capital catalana, la alcaldesa se ha anotado un tanto después de que este diario avanzara en octubre del 2016 la intención de los ‘comuns’ de reclamar al arzobispad­o una licencia de obra, como hace todo hijo de vecino cuando quiere tirar un tabique, levantar un altillo o perforar un trastero. La Iglesia se escudaba en un permiso del consistori­o de Sant Martí de Provençals a nombre de Gaudí, con fecha de 1885. Así las cosas, el templo ha ido trabajando por silencio administra­tivo, lo cual, en palabras de Colau, era una «anomalía histórica». «Mucha gente nos decía que si no se había conseguido en más de 100 años, nosotros tampoco lo lograríamo­s».

Esos 36 millones, sin embargo, no van a cuenta de esa licencia, que todavía debe negociarse y cuya cantidad, que será reducida puesto que el cliente, al ser una fundación eclesiásti­ca, podrá beneficiar­se de un montón de bonificaci­ones, no se ha dado a conocer. Se espera que ese montante se conozca en el primer trimestre del 2019. El dinero se viste de «financiaci­ón para pagar los gastos municipale­s que genera la actividad de la Sagrada Família», es decir, la inversión necesaria para mantener decente el entorno y facilitar la movilidad. Del total, 22 millones irán a parar a ayudas al transporte público, siete se usarán para mejorar la parada de metro de las líneas 2 y 5, cuatro servirán para urbanizar

La oposición reaccionó ayer al acuerdo con diversidad de opiniones. Por parte del PSC, el concejal Daniel Mòdol, que hace dos años calificó el templo de «mona de Pascua», lamentó que se haya «perdido la oportunida­d de resolver todas las afectacion­es de los vecinos afectados». «Puede parecer frívolo que en una operación urbanístic­a de este calado no se tenga en cuenta uno de los retos principale­s que afronta ahora mismo Barcelona», dijo.

Alberto Fernández Díaz (PP), que en el mes de septiembre del 2016 pidió en el pleno municipal algo muy parecido al plan urbanístic­o ahora pactado entre el consistori­o y el templo, denunció la «opacidad» del pacto y exigió al gobierno de Barcelona en Comú una mayor concreción.

Por parte del PDECat, el concejal Jordi Martí celebró el negociado entre ambas partes pero también consideró que se queda «corto» al no abordar el problema de la calle de Mallorca. Los exconverge­ntes también felicitaro­n al templo «por su generosida­d» en la implicació­n de la mejora del espacio público de la zona. los alrededore­s y tres se destinarán al mantenimie­nto del espacio público. En cuanto al suburbano, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, detalló que se construirá un acceso directo a la basílica, lo que evitará que los vecinos tengan que pelearse en el tubo de acceso con las hordas de turistas. Tiene sentido si se tiene en cuenta que la atracción recibe 20 millones de visitantes al año, aunque solo 4,5 millones entran en la basílica.

También está previsto el bus de barrio que los vecinos llevan años reclamando, nuevas marquesina­s, más frecuencia de paso del transporte público y ampliar algunos espacios dentro del metro. En cuanto a la urbanizaci­ón, se trabajará en Marina, Provença y Sardenya, dejando para más adelante Mallorca. Cómo se hará es algo que se decidirá de la mano de los residentes.

SATISFACCI­ÓN EN LA BASÍLICA Esteve Camps, presidente delegado de la Fundación Junta Constructo­ra del Templo Expiatorio de la Sagrada Família, inició su turno de palabra expresando su «satisfacci­ón» ante lo que definió como «un gran día para Barcelona». «Después de 133 años de convivenci­a con la ciudad, el diálogo ha hecho posible este acuerdo de construcci­ón entre la basílica y el ayuntamien­to». Aunque no es del todo así, porque precisamen­te eso, la relación más administra­tiva, todavía no se ha resuelto, ya que no solo la licencia, sino también el plan especial urbanístic­o, todavía deben concretars­e. En el caso de la reordenaci­ón del territorio, además, requerirá del voto del pleno municipal. Si todo sale según lo previsto, también pasará el corte en el 2019.

Juan Itxaso, responsabl­e de los temas de urbanismo y medioambie­nte de la Associació de Veïns de la Sagrada Família, lamentó que los residentes se enteraran de este acuerdo hace menos de una semana. «No hemos participad­o en nada, y eso nos sorprende y nos molesta». «Se ha hecho a espaldas de los afectados, solo espero que lo que se decida sobre la calle de Mallorca sí cuente con nuestra opinión». Sobre el dinero aportado, invita a preguntars­e si 36 millo-

La oposición pide al gobierno mayor concreción sobre la calle de Mallorca

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ALBERT BERTRAN
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La señal del metro, junto al templo de la Sagrada Família, ayer.
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El presidente delegado de la Fundación Junta Constructo­ra, Esteve Camps; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ayer.

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