El Gobierno no aclara por qué es ilegal la reprobación del Monarca

El Gobierno quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reciente resolución del Parlament sobre el Rey, pero no sabe decir por qué es inconstitucional. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, eludió aclarar ayer, tras el Consejo de Ministros, qué apartados son contrarios a la Carta Magna en el texto, puramente declarativo, aprobado por la Cámara catalana, que condena la posición de Felipe VI tras el 1-O y apuesta por la «abolición» de la Monarquía.

La decisión de acudir al alto tribunal frente a esta iniciativa, pidiendo primero un dictamen al Consejo de Estado, suscita dudas jurídicas. En lugar de despejarlas, Celaá se centró solo en el terreno político. «No le puedo determinar de qué puntos estamos hablando», contestó la portavoz a la pregunta de por qué la resolución es inconstitucional. «Lo que sí puedo decirle es que el Gobierno considera inaceptable, por una cuestión de competencias, que un parlamento de una autonomía cuestione la posición del jefe del Estado», continuó.

«Esa resolución fue considerada inaceptable no porque se critique a la jefatura del Estado. Un parlamento autonómico no es competente para diseñar la forma de Estado», explicó Celaá, quien, sin embargo, poco después añadió que «el jefe del Estado debe estar fuera de la crítica, del debate partidario y político».

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