Dardo a la causa del ‘procés’
Las decisiones de varios tribunales europeos en relación a los líderes independentistas que huyeron tras la proclamación de independencia han ido poniendo en aprietos al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y su instrucción la causa por el referéndum unilateral del 1O. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein infligió el revés más duro al rechazar la extradición del ‘expresident’ Carles Puigdemont por rebelión, como Llarena solicitaba en las distintas euroórdenes que fue cursando y anulando para intentar evitar el varapalo que finalmente llegó.
El tribunal germano entendió que no hubo la violencia «suficiente» durante el 1O para sustentar una acusación por un delito de tal gravedad que, además, no casa bien con la legislación alemana. Desde el principio de la causa, el cargo de rebelión ha sido ampliamente criticado por reputados juristas, por más que en sus sucesivos autos, el juez Llarena iba justificando que el mero intento de doblegar el orden constitucional ya supone el ejercicio de la violencia, aunque no se hubiesen conseguido los objetivos.
Además, en mayo, la justicia belga rechazó la entrega de los ‘exconsellers’ Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por lo que consideró defectos de forma en la euroorden. Bélgica no entró en el fondo del asunto y denegó las extradiciones al juzgar que la euroorden emitida por Llarena no se correspondía con la orden de detención nacional cursada previamente por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
REACCIÓN AIRADA Ante la imposibilidad de juzgar por rebelión a Puigdemont y los ‘exconsellers’, el Gobierno, todavía del PP, reaccionó airadamente y exigió sin éxito una reforma legal del procedimiento de las euroórdenes. La Comisión Europea rechazó de plano la idea y defendió el correcto funcionamiento de este mecanismo.
La suma de varapalos a la instrucción de Llarena cuestionó un proceso que acaba de enfilar el camino del juicio con severas peticiones de penas de la fiscalía.
Los tribunales de Alemania y Bélgica pusieron en jaque la instrucción del juez Llarena