En defensa del consumidor
El listado de varapalos contra el Gobierno español en el Tribunal de Justicia de la UE es largo y variado. Desde que estallara la crisis económica hace una década, los jueces europeos le han enmendado la plana a España en reiteradas ocasiones. Han tumbado el céntimo sanitario –el recargo de un céntimo por litro de gasolina vendida para financiar la sanidad pública–, rechazado el canon digital diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy, la ley contra el blanqueo de capitales o la política laboral.
Pero si hay un ámbito en el que el TJUE ha jugado un papel crucial a la hora de proteger a los consumidores y destapar años de abusos y atropellos, y que ha obligado al Ejecutivo español a modificar las normas, es la legislación hipotecaria. El primer gran golpe llegó en marzo del 2013 con el caso de Mohamed Aziz, un marroquí residente en Catalunya que un buen día dejó de pagar las cuotas al banco y la entidad acabó ejecutando la hipoteca.
Un juez de lo mercantil de Barcelona, José María Fernandez Seijóo, decidió preguntar al Tribunal de la UE, que sentenció que el proceso de desahucio previsto en la ley española era ilegal y abusivo al vulnerar el derecho europeo de protección del consumidor e impedir al afectado defenderse ante cláusulas abusivas. Fue solo el comienzo. En julio del 2014, la corte sentenció contra la ley de enjuiciamiento civil, porque solo permitía el recurso a las entidades bancarias y no a los particulares, y en enero del 2015 volvieron a tirar de las orejas a España al sentenciar que los jueces sí pueden anular las cláusulas de interés de demora si son abusivas.
CLÁUSULAS SUELO El último gran golpe se produjo en diciembre del 2016 cuando echaron por tierra el argumento del Tribunal Supremo y concluir que los bancos debían devolver hasta el último euro cobrado de más a los afectados por las cláusulas suelo declaradas abusivas y no solo desde el 9 de mayo del 2013. Desde entonces ha habido algún que otro tirón de orejas más que confirma el papel de la corte de Luxemburgo como garante de los derechos del consumidor.
Uno de los ámbitos con más varapalos de Europa es el de las hipotecas