Ola de indignación

La sentencia contra los cinco miembros de La manada provocó una ola de protestas en la calle, pero en el ámbito judicial hubo un cierre de filas en torno al tribunal de la Audiencia de Navarra que condenó a los procesados a nueve años de prisión por abuso sexual y no por violación, a pesar de que la víctima fue penetrada y obligada a hacer felaciones. La brecha entre la justicia y la calle se hizo más evidente que nunca.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra tiene ahora en sus manos la labor de confirmar el fallo o enmendar la plana a sus compañeros. La defensa sigue pidiendo la absolución y la fiscalía que se incremente la pena al considerar que lo que sufrió la joven en los Sanfermines del 2016 fue una agresión sexual.

Cierto es que algunos jueces y fiscales criticaron de forma individual los argumentos del tribunal, pero sus asociaciones profesionales salieron en defensa de los magistrados. Los juristas disconformes con la resolución reclamaron una mayor formación de los jueces en los delitos contra la mujer. La mayoría, pero no todos, veían necesaria una reforma del Código Penal. Sin embargo, las asociaciones pidieron «todo el respeto» a las resoluciones judiciales, «aunque no se compartan», ya que «constituyen un pilar fundamental del Estado de Derecho y de la democracia», a la vez que recordaba que la ley «prevé un sistema de recursos» para «hacer valer» las discrepancias.

«PROBLEMA SINGULAR» En el ámbito político hubo dos reacciones. La primera y más polémica fue la del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, sorprendido por que el Consejo General del Poder Judicial no actuara contra Ricardo González, el juez que emitió el voto particular en la sentencia al ver en los videos grabados por los acusados «actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo». El ministro dijo que todo el mundo sabía que ese togado «tiene algún problema singular». El Gobierno del PP, por su parte, encargó a la comisión general de codificación revisar los delitos sexuales, que se reunirá este jueves, casi seis meses después de su constitución.

El polémico fallo abrió una brecha social entre la sociedad y los jueces