Desconcierto de los jueces
Al no cambiar la ley hipotecaria, los políticos cargaron sobre los tribunales una función que no era la suya
De un tiempo a esta parte, las más altas instancias judiciales españolas –el Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional (AN)– están sufriendo un fuerte deterioro de su reputación profesional y de su legitimización social. Esto no es bueno para el sistema judicial en su conjunto, pero tampoco lo es para la economía, la sociedad y la democracia.
Lo ocurrido estas últimas semanas en el TS con la cuestión de quién ha de correr con el pago del impuesto sobre las hipotecas ha hecho que ese deterioro haya emergido con cierta virulencia. Pero con anterioridad su reputación ya había sido puesta en entredicho. Particular importancia tuvieron los tirones de orejas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por asuntos relacionados precisamente con la regulación hipotecaria española, como las cláusulas suelo, obligando al TS a rectificar alguna de sus decisiones. Esto tiene que haber herido la autoestima de los jueces españoles.
También han sido lesivas algunas correcciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuestiones relacionadas con la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en casos con dimensión política interna, como el reciente de Arnaldo Otegi. Pero conviene no autoflagelarnos en demasía. España no sale mal parada al compararse con otros países europeos en cuanto al número de casos, aunque, eso sí, algunos con fuerte repercusión pública.
Posiblemente el ámbito más peligroso para la reputación de los jueces es la percepción social sobre su independencia. En ese terreno estamos en los últimos lugares de la clasificación europea (The 2018 EU Justice Scoreboard). Las causas son tres, por este orden: a) interferencia o presiones de gobiernos y políticos, b) interferencia o presiones de los poderes económicos y corporativos, y c) mal diseño de los sistemas de elección de los jueces y de los órganos de gobierno. TODO ESTO
ha extendido entre los jueces españoles un sentimiento de malestar, desamparo y desconcierto. Por un lado, piensan que la sociedad no comprende bien ni valora su función. Por otro, que no tienen la protección y la ayuda adecuada de los legisladores y gobernantes.
Volviendo al TS, ¿cuáles son las causas de su desconcierto? ¿Es, como dicen algunos, porque el TS es un reducto del conservadurismo y no entiende que la norma necesita adaptarse al signo de los tiempos? ¿Son las desavenencias de criterio que han surgido en el seno del TS en relación con el pago del impuesto producto de las rencillas entre ellos, como afirman otros? ¿O es el excesivo protagonismo de algunos jueces, como dicen unos terceros?
Es probable que haya algo de todo esto. Pero tengo para mí que la causa principal del desconcierto de los jueces está en el cansancio de muchos de ellos en su tarea de suplir a los legisladores y gobernantes de su obligación de adaptar la regulación hipotecaria a las consecuencias de la crisis financiera del 2008. Los gobiernos y legisladores fueron diligentes en rescatar a los prestamistas (los bancos), pero absolutamente indolentes a la hora de rescatar también a los prestatarios (las familias endeudadas de buena fe). Tenían que haber cambiado una legislación hipotecaria española muy dura con los endeudados, en términos comparados a la de otros países. Tengo la impresión de que, cansados de recibir tirones de orejas de la justicia europea, a los jueces de la sala 3 del TS que cambiaron el criterio tradicional de hacer recaer el impuesto sobre los hipotecados se les acabó la paciencia con la indolencia y desidia de los legisladores y gobernantes. «¡Hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, que cada palo aguante su vela!», deben haber pensado. MUCHOS
han hablado de inseguridad jurídica al ver cómo ha gestionado el TS esta situación. Pero, seamos serios, ¿es razonable esperar que una crisis como la que estamos sufriendo desde hace diez años no acabe afectando a todas las instituciones, incluidas las judiciales? En la medida que los legisladores y gobernantes han actuado de forma indolente han cargado sobre los jueces una función que no era la suya. El resultado ha sido deteriorar su reputación.
Pero, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado con diligencia y coraje haciendo lo que gobiernos anteriores hubiesen tenido que hacer: cambiar la ley para equilibrar las cargas entre prestamistas y prestatarios. Si se hubiese hecho antes habríamos evitado el actual desconcierto de los jueces.
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El ámbito más peligroso para la reputación de la justicia es la percepción sobre su independencia