Jaque al poder corporativo
Hemos desembarcado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más de 400 personas de organizaciones de la sociedad civil asistimos a la cuarta sesión del Grupo Intergubernamental que elabora un Tratado Vinculante, del 15 al 19 de octubre, en Ginebra. Un récord de participación a la altura de lo que está en juego: hacer obligatoria la protección de los derechos humanos en las actividades empresariales de carácter transnacional.
La campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad organizó las intervenciones dentro del plenario de diversas comunidades afectadas por la actividad de las transnacionales y sus cadenas de suministro globales. Se expuso la depredación y contaminación de los recursos naturales necesarios para la vida de muchas comunidades, la explotación de las clases trabajadoras en forma de esclavitud moderna y las amenazas y violencias ejercidas contra aquellas defensoras de los derechos humanos que organizan resistencias en sus territorios. Y se puso en relación al borrador cero del tratado, que no recoge suficientemente las demandas de los movimientos sociales que formamos parte de la campaña.
Tras décadas de desarrollo del capitalismo globalizado, los intereses del capital internacional están ampliamente garantizados en los tratados de libre comercio e inversiones y pasan por encima de la soberanía de los pueblos y del bien común. Se han creado tribunales internacionales de arbitraje que permiten a las grandes empresas demandar a los Estados que intenten adoptar medidas a favor de los derechos humanos o del interés público, si esto les puede suponer pérdidas. Una verdadera perversión del derecho internacional. Uno de los elementos clave que debe establecer el próximo borrador de Tratado para ser verdaderamente significativo es la preeminencia de las obligaciones con los derechos humanos por encima de estos acuerdos internacionales.
Esto implica que debe ser una meta común de los Estados superar las barreras corporativas que ocultan la responsabilidad de las transnacionales. En este sentido, la Campaña Global propone la creación de un Tribunal Internacional para juzgar a las empresas transnacionales que cometen violaciones de los derechos humanos como mecanismo sancionador absolutamente necesario para hacer efectivas las obligaciones del Tratado.
Mientras el Grupo Africano aglutina a 54 países con el compromiso de apoyar el tratado, con Sudáfrica al frente, y mientras Indonesia y Filipinas trabajan conjuntamente para defender el proceso y sumar otros Estados asiáticos, la Unión Europea continúa haciéndole el vacío. A pesar de la resolución del Parlamento Europeo a favor del tratado aprobada 10 días antes de esta cuarta sesión, la delegación de la UE en Gine- bra ha cuestionado la base legal del borrador, se ha mantenido al margen de las negociaciones y se ha desvinculado de los consensos del Grupo Intergubernamental. No hay duda de que las empresas transnacionales con base en Europa han hecho mucho trabajo de lobi desde la última sesión del grupo.
Hasta el día de hoy las empresas transnacionales han mercantilizado la vida y se han apoderado de nuestros recursos naturales y servicios públicos con la receta del lucro a cualquier costo. El Tratado Vinculante debería incluir obligaciones sustanciales para intentar paliar una desigualdad de poder que es inherente al sistema. Es hora de que los pueblos y las mayorías sociales recuperemos el control de las instituciones y revirtamos la privatización de la democracia.
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