Los dos pactos
En junio, el ayuntamiento regularizó 216 plazas en los porches de la Boqueria
El enquistamiento de las diferencias entre restauradores y Ayuntamiento de Barcelona en el distrito de Ciutat Vella contrasta con los dos acuerdos que sí fueron posibles en el último año en el conjunto de la ciudad y en un punto caliente del mismo distrito como la Boqueria, no sin críticas de entidades vecinales y la CUP al gobierno de Ada Colau por haber contemporizado con el sector. El pleno municipal del pasado junio aprobó una modificación de la normativa de terrazas, que había topado con una campaña en defensa de la presencia de las terrazas en la calle impulsada por los restauradores y apoyada por usuarios y caras conocidas de la ciudad.
La ordenanza que entró en vigor en diciembre del 2013 con el gobierno de Xavier Trias imponía unas distancias mínimas entre las terrazas y elementos de mobiliario urbano para facilitar el paso de los peatones que obligaría a reubicar, recortar o eliminar 2.200 de las 4.400 terrazas con licencia. La modificación aprobada por Colau llegó cinco años más tarde, después de tres años durante los que el número de terrazas aumentó en unas 500, aunque con menos plazas.
El cambio
La ordenanza pactada con el sector establece que la mitad de la acera, desde la fachada, debe quedar libre, pero admite oscilaciones de hasta el 60% en cuanto a las distancias fijadas respecto al mobiliario urbano. También acepta que las terrazas no tengan que estar necesatablecimientos riamente frente a los bares y restaurantes en los casos de comercios históricos o cuando el local apenas tenga fachada cara a la calle. Esto en cuanto a las condiciones generales: las regulaciones para zonas singulares pasaron a tener dos años de margen para adaptarse al nuevo entorno, con flexibilidad para ajustar la normativa general a cada entorno, proceso que está provocando roces únicamente en Ciutat Vella.
La paz llegó a la Boqueria el pasado mes de julio. La utilización de almacenes y bajos en desuso como es- de restauración durante el mandato de Trias, con un pacto implícito pero sin permisos que lo respaldasen, revivió esos espacios muertos al precio de agudizar aún más la conversión del mercado en un parque temático gastronómico. El acuerdo pasó por dejar libre para la circulación de peatones el 50% del espacio en los porches que rodean el mercado y los accesos a este y permitir la instalación de 216 sillas, el doble de la capacidad permitida por el ayuntamiento hasta ese momento.
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