La justicia decidirá la fecha de las elecciones catalanas tras varios recursos
El TSJC decide hoy si suspende de forma cautelar el aplazamiento electoral, que acumula ya cinco impugnaciones Patronales y sindicatos descartan recurrir y el PSC lo sigue estudiando
El aplazamiento de las elecciones catalanas está en manos de los tribunales. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decide hoy si suspende de forma cautelar el decreto firmado por el Govern para posponer los comicios del 14 de febrero por el impacto del coronavirus. Cuatro entidades y formaciones políticas sin representación parlamentaria y un particular han emprendido la vía judicial para intentar que la cita con las urnas se mantenga según lo previsto, pese al acuerdo entre la Generalitat y las fuerzas representadas en el Parlament, salvo el PSC, para medirse en las urnas el 30 de mayo. Ese ciudadano particular ha solicitado medidas cautelarísimas, lo que obliga al tribunal a pronunciarse de forma urgente sin esperar a conocer el posicionamiento del Govern. Si el tribunal las acepta en una reunión hoy, se suspenderá el decreto de inmediato hasta que se resuelva el fondo de la cuestión y se abrirá un plazo de tres días para las alegaciones.
El vicepresidente con funciones de ‘president’, Pere Aragonès, defendió en un encuentro digital organizado por Europa Press la cobertura legal del decreto que firmó el viernes y pidió «responsabilidad» a los partidos catalanes pues la decisión se tomo con un «amplio consenso» parlamentario.
La primera impugnación sobre la contienda electoral del 14-F admitida a trámite fue del PACMA, pero con el fin radicalmente opuesto a las de ayer. El partido animalista hizo la solicitud porque celebrarlas supondría «una grave irresponsabilidad» y «un riesgo para la salud pública». Las de ayer, en cambio, exigen que el proceso electoral continúe adelante hasta la apertura de los colegios electorales el próximo 14 de febrero.
Ligazones con el PSC
El primer partido en acudir al TSJC fue Lliga Democràtica, que no se presentó al 14-F tras no llegar a un acuerdo con el PSC, alegando que la suspensión «constituye un abuso de poder inaceptable por parte de un gobierno en funciones» porque Aragonès, «no tiene atribuciones para dejar sin efecto una convocatoria electoral”.
El mismo camino seguirán hoy Izquierda En Positivo –un partido de izquierdas no nacionalista que logró los avales para Barcelona, Lleida y Girona– e Impulso Ciudadano –una plataforma constitucionalista que denunció la pancarta del Palau de la Generalitat por la que el entonces ‘president’ Quim Torra fue inhabilitado–, que prevén registrar a primera hora de la mañana su impugnación, siguiendo con el relato jurídico de que desde la disolución del Parlament, el 21 de diciembre, el Govern en funciones no puede suspender el 14-F y convocar posteriormente elecciones para el 30 de mayo al haber agotado su mandato.
Ambos alertan del peligro de caer en la «ilegalidad» e Izquierda En Positivo pide medidas cautelarísimas. Federalistes d’Esquerres, una entidad cercana al PSC por la inclusión de algunos de sus miembros en las listas como la diputada Bea Silva –número cuatro por Barcelona en 2017 y número 12 en las listas presentadas al 14-F–, también recurrirá el decreto acogiéndose a la «falta de competencia» del Govern en este asunto.
La Moncloa, señalada
El PSC mantuvo la incógnita sobre si se sumará a esta retahíla de textos jurídicos, pero la cercanía de Lliga Democràtica y Federalistes d’Esquerres con los socialistas sirvió a ERC y a Junts para ver al PSC, al PSOE y a la Moncloa detrás de estas maniobras ante el TSJC después de que el Gobierno amagara la semana pasada con dudas sobre el encaje legal del aplazamiento. Los socios en el Govern coincidieron en tachar estas impugnaciones de «155 encubierto» por la intromisión de la justicia, mientras que desde el PDECat señalaron a los dos partidos que recurren a los tribunales como «testaferro del PSC».
La portavoz del PSC, Eva Granados, esquivó el dardo cargando contra el Govern en funciones y pidiendo que los partidos «suspendan la campaña electoral», con el fin de «no contribuir a hacer más grande el embrollo que ha generado el candidato de ERC al suspender las elecciones ya convocadas». «En un país serio, las elecciones se hacen cuando tocan, y si hay algún criterio sanitario, se hace un aplazamiento técnico para evitar la
Entre los recurrentes hay dos partidos extraparlamentarios y una asociación afín a los socialistas
Un particular obliga al tribunal a decidir si paraliza el cambio de fecha mientras resuelve el recurso
tercera ola, no el lío generado en Catalunya», sentenció tras una reunión extraordinaria del comité electoral del partido.
El encaje legal
Los socialistas ya dejaron la puerta abierta a un posible recurso el pasado viernes, después de la reunión entre el Govern y los partidos, porque, pese a estar de acuerdo finalmente en posponer las urnas, rechazan que se alargue el proceso electoral hasta el 30 de mayo y dudan del encaje legal del decreto aprobado. «Hemos consultado a varios juristas y estamos a la espera de sus informes jurídicos. Decidiremos
en función de lo que nos digan», afirmó Granados preguntada por una posible impugnación. El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) y Vox también dejaron la puerta abierta a un posible recurso ante la justicia.
Pese a airear sus reproches por el cambio de fecha de las elecciones, los sindicatos y las patronales no impugnarán la suspensión del 14-F. Foment del Treball y Pimec decidieron no cursarlo aunque denunciaron la «desidia» en la planificación de las elecciones al Parlament y exigieron poder votar «lo más pronto posible».
Aragonès pide «responsabilidad» y Esquerra y JxCat ven tras los recursos una estrategia de Sánchez