La justicia mantiene de momento el 14-F y el Govern continúa el pulso
El ministro Illa se dispone a abandonar el Gobierno antes del comienzo de la campaña electoral, el día 29
elecciones en Catalunya se mantienen el 14 de febrero, por ahora. El Govern dejó claro que, de momento, no se plantea dar marcha atrás y retirar el decreto por el que se aplazaron los comicios al 30 de mayo, pese a que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirmó ayer la suspensión cautelar de esta norma y mantiene la cita electoral el 14-F.
Los magistrados se han comprometido a resolver los recursos antes del 8 de febrero, por lo que, para entonces, los partidos podrían estar ya inmersos en la campaña electoral, que comenzaría el próximo 29 de enero. Dada la urgencia del asunto, el TSJC ha acortado los plazos de tramitación del proceso judicial.
Fuentes del Govern consultadas por EL PERIÓDICO argumentan que, de momento, el tribunal no ha hecho público ningún argumento contrario al polémico decreto. E insisten en que el texto por el que se pospusieron las elecciones catalanas es idéntico al que acordó el Ejecutivo vasco para retrasar de abril a julio la cita con las urnas el año pasado. El Gobierno catalán sostiene con contundencia que el problema para retrasar la fecha electoral no es el decreto del pasado viernes.
Así las cosas, la conclusión de estas fuentes es que si el TSJC mantiene su posición, el escenario actual aboca a tener que celebrar los comicios el 14 de febrero. Ayer mismo, la Generalitat hizo llegar al tribunal un documento de unas 50 páginas con las alegaciones a favor de suspender la cita con las urnas del 14-F. «No se puede tomar ninguna decisión sin saber qué dirá el TSJC cuando resuelva las alegaciones del Govern», adujo en rueda de prensa la ‘consellera’ de Justícia, Ester Capella. Aunque el TSJC aún tiene que pronunciarse de forma definitiva, y será hoy cuando se conozca su justificación de la suspensión cautelar, la decisión fue vista desde el Gobierno central como un signo de que, salvo que los datos epidemiológicos de los próximos días sean malísimos, los comicios catalanes se celebrarán el 14 de febrero, informa Juan Ruiz Sierra.
Y a esta sensación contribuye el hecho de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, confirmase que el candidato socialista, Salvador Illa, dimitirá la próxima semana como ministro de Sanidad para poder iniciar la campaña electoral. Eso abocará al presidente Pedro Sánchez a una crisis de
Gobierno para sustituir a Illa. Para esa cartera se perfila Carolina Darias, actual titular de Política Territorial, un área reservada probablemente para Iceta.
Según Capella, las alegaciones del Govern «básicamente subrayan que el decreto es efectivo porque el vicepresidente en funciones de ‘president’ tiene facultad para posponer las elecciones, según el informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat».
El PSC asegura que Illa dimitirá la próxima semana para el comienzo de la campaña electoral
100.000 votos «a la papelera»
«Las elecciones son libres si se puede votar sin miedo. En cambio, acumulamos 26.000 positivos por covid», advirtió la ‘consellera’, quien aseguró que la campaña costará 30 millones de euros y «unos 100.000 votos podrían aca
bar en la papelera». Estimaba así las peticiones de voto por correo que podrían llegar a tramitarse y que serían anuladas en caso de que la justicia acabara avalando el retraso electoral.
El Ejecutivo catalán admite en sus alegaciones que no hay previsión legal de un aplazamiento electoral, pero apela a que «cualquier derecho fundamental, también el de participación, puede ser objeto de limitación para proteger otros derechos y bienes, como es el caso de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física de las personas y el derecho a la protección de la salud». También invoca referencias previas de la Junta Electoral Central (JEC) a la posibilidad de posponer una cita con las urnas.
En sus argumentos ante el TSJC, la Generalitat subraya de forma exhaustiva que la «situación epidemiológica crítica» en la que se encuentra Catalunya por la pandemia hace que los protocolos de seguridad no sean suficientes para asegurar la «protección de la salud pública», por lo que se comprometerían las «garantías democráticas» de la votación. Esgrime datos como los del Síndic de Greuges, que estimó que el 14 de febrero se podría llegar a más de 200.000 personas aisladas o en cuarentena que verían limitado su derecho de voto. «Se corre el serio riesgo de vulnerar el derecho de participación de miles de personas», advierte el Govern.
Las alegaciones admiten que no se puede saber cuál será la situación epidemiológica del 14-F, «y menos todavía el 30 de mayo», pero apuntan que, «haciendo una ponderación entre la decisión de mantener a toda costa la fecha de las elecciones» el 14 de febrero y «la decisión de posponerla a una fecha posterior en la que, previsiblemente, la situación epidemiológica y asistencial será mucho mejor, parece incuestionable que prevalece la segunda».
Una «irresponsabilidad»
En una comparecencia previa a la de la ‘consellera’ de Justícia, y sin aceptar preguntas, el vicepresidente Aragonès tildó de «irresponsabilidad» el fallo provisional del TSJC. «Esta decisión genera perjuicios a la ciudadanía, es otro intento de dejar la política catalana en manos de la justicia y hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho al voto y el derecho a la salud y queremos preservar los dos derechos», aseveró.