De préstamos ICO a ayudas
Recientemente, Foment del Treball ha reclamado la inyección de 50.000 millones de euros, en forma de ayudas directas no reembolsables, en los sectores más golpeados por la crisis. Una solicitud a la que, de manera inmediata, se ha sumado el PP y que acabará haciendo suya, de una u otra forma, el Gobierno de Pedro Sánchez.
La demanda resulta sensata, pues los instrumentos con que, en un primer momento, respondimos a la eclosión del coronavirus, fueron diseñados pensando que la pandemia no se prolongaría más allá de unos pocos meses. Sin embargo, para diversos sectores, como el turismo y la restauración, los efectos pueden resultar devastadores durante, con suerte, cerca de año y medio.
Los préstamos ICO, que tuvieron su sentido, venían a cubrir la pérdida de facturación de tres meses, y se consideraba su devolución durante cuatro años, tras uno de carencia. Sin embargo, la gravedad de las sucesivas olas de covid-19, alargan la parálisis, acaban con la liquidez de las empresas, diezman el ánimo de empresarios y empleados e imposibilitan la devolución de los préstamos, aun en el largo plazo. Ante esta realidad, podemos adelantarnos y conducir la crisis salvando la máxima actividad posible, o bien dejar que el paso del tiempo arrastre a empresas y familias hacia el cierre y la penuria.
El ejemplo de otros países
Por todo ello, y atendiendo al ejemplo de países de nuestro entorno, y a las recomendaciones de organismos internacionales, España debe elaborar un programa de ayudas a aquellas empresas que eran viables antes del coronavirus, y que seguirían siéndolo en un entorno normalizado.
Así las cosas, debería ampliarse la moratoria de los préstamos ICO para, de inmediato, otorgar nuevos préstamos que, solventando situaciones acuciantes, permitan disponer al Gobierno de unos meses para decidir con qué criterios instrumentar las ayudas.
Ciertamente, esta iniciativa golpeará nuestra ya abultada deuda pública, pero, sencillamente, no hay alternativa. Así que cuanto antes empecemos, mejor.