Financiar las primas a las renovables
Es difícil lograr a corto plazo que los costes no recaigan solo en la factura eléctrica
La combinación de la caída de la demanda eléctrica y del efecto depresor de las energías renovables sobre los precios del mercado eléctrico ha producido una reducción de los ingresos del sistema eléctrico que hace prever un desajuste entre ingresos y costes del sistema.
Como respuesta a esta situación, se ha iniciado la tramitación de un anteproyecto de ley que prevé la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con un nuevo sistema de reparto de los costes regulados para financiar las primas a las instalaciones renovables puestas en marcha antes de 2012. La contribución financiera a las primas de las energías renovables, cogeneración y residuos se repartirá entre los operadores de todos los sectores energéticos y no solo los eléctricos. Así, los combustibles fósiles serán también financiadores de esta retribución adicional, complementándose las aportaciones al FNSSE con la recaudación de los impuestos regulados en la ley 15/2012 y los ingresos de las subastas de CO2.
REDUCIR LA FACTURA ELÉCTRICA /
El anteproyecto normativo persigue evitar que la financiación de un coste regulado (ronda los 7.000 millones de euros anuales) recaiga exclusivamente sobre los consumidores eléctricos, con especial incidencia en consumidores domésticos. Para ellos, dicho coste supone –según datos del MITECO– alrededor del 16% de la factura. No obstante, es difícil que el objetivo pueda alcanzarse a corto plazo. Hasta la plena implantación del nuevo mecanismo de financiación (5 años), la parte del régimen retributivo especial no cubierta con las aportaciones del FNSSE se seguirá financiando con los cargos aplicados en la factura eléctrica. El optimismo sobre la inmediata reducción de la factura eléctrica debe modularse.
UN CAMBIO DEMANDADO DESDE HACE AÑOS /
La exposición de motivos menciona estudios que venían demandando una reforma profunda de los peajes de acceso a la red, donde se destacó que la factura eléctrica es artificialmente cara por decisiones de política energética ajenas al suministro (entre ellos, la retribución adicional de renovables).
PERDEDORES Y GANADORES /
La propuesta se ha interpretado en términos de ganadores y perdedores. Los operadores de productos petrolíferos eran, hasta ahora, ajenos a la financiación de un coste que recae sobre los consumidores eléctricos. Hay cálculos que estiman que algunas de las principales compañías de este sector serán las grandes financiadoras del nuevo reparto. Sin embargo, todo apunta a que la redistribución será asumida finalmente por los consumidores, singularmente, por los usuarios de diésel, gasolina o gas natural.
Así, la financiación de este coste del sistema eléctrico se extendería a otros consumidores energéticos que, muchas veces, serán coincidentes.
UN PRIMER GRAN PASO EN LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN /
Con la propuesta se inicia la necesaria revisión del diseño de peajes de acceso y costes del sistema eléctrico. La transición energética exige profundas reformas que permitan afrontar desafíos como la digitalización de las redes eléctricas, la caída de los ingresos variables provocada por la generación distribuida y el autoconsumo o la plena alineación con la fiscalidad energética y medioambiental.
HACIA UNA REGLA JUSTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES /
En estos temas, se plantea por qué deben costear la transición los consumidores de electricidad y no los de todos los productos energéticos que han de ser sustituidos por fuentes no contaminantes. Deben analizarse los costes trasladados a los consumidores de electricidad, como son los precios garantizados a los titulares de instalaciones renovables y otras, debido a incentivos de defectuoso diseño que se han demostrado muy costosos. Al final, se trata de costes de la transición a un modelo sostenible que deberían repartirse entre los consumidores de las energías que deben ser sustituidas por otras de fuentes sostenibles.
Todo apunta a que la redistribución será asumida por los usuarios de diésel, gasolina o gas natural
Artículo publicado en ‘The Conversation’. P Marta Villar Ezcurra es catedrática de Derecho Financiero y Tributario, especialista en Fiscalidad medioambiental y de la energía. Jorge Galán Sosa es investigador en el Grupo Fiscalidad, Cambio Climático y Digitalización. Universidad CEU San Pablo.
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