Un marco legal ajeno a la pandemia
Ningún partido ha presentado alguna proposición de ley para adaptar la norma a los problemas sanitarios. El Gobierno tampoco ha activado sus compromisos sobre la regulación de los comicios.
La última vez que uno de los grandes partidos pidió reformar la ley electoral española (LOREG), nadie llevaba mascarilla. Justo antes de que estallara la pandemia, el PP abogó por cambiar el texto para que los «prófugos de la justicia» no pudieran ser candidatos. «Y que así [Carles] Puigdemont no pueda presentarse a las elecciones catalanas cuando se convoquen», dijo Pablo Casado. En esas mismas fechas, ERC registraba una iniciativa para ampliar el derecho de voto a los mayores de 16 años.
Desde entonces, y pese a que el coronavirus ha evidenciado los problemas para asegurar el sufragio activo en tiempos de distancia social y cuarentenas, solo se ha registrado una iniciativa en el Congreso para reformar la norma. Lo hizo también ERC a finales de 2020, pero no para solucionar los nuevos problemas que plantea la pandemia, sino otro que arrastran los electores en el extranjero desde hace diez años: eliminar el voto rogado.
Propuestas en el cajón
El virus fue instaurando su nueva normalidad en todos los aspectos de la vida, también en la celebración de los comicios: gallegos y vascos tuvieron que aplazar la cita con las urnas, poniendo sobre la mesa la necesidad de reformar una ley electoral que no contempla suspender o posponer elecciones y que apenas ha sido retocada en sus 35 años de vida. Nueve meses después, Catalunya se enfrenta a la misma situación sin que ningún grupo parlamentario haya puesto en marcha ninguna proposición de ley para solucionar este problema: ni reforma exprés para incluir aplazamientos por crisis sanitarias, ni cambios de mayor calado, como impulsar el voto telemático.
La única iniciativa en este sentido lleva las firmas de Joan
Baldoví (Compromís) e Íñigo Errejón (Más País), que el pasado julio llevaron al Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a que presentara, entre septiembre y diciembre, una reforma de la LOREG que recogiera situaciones como enfermedad o incapacidad que dificulten el voto. La medida, según pidieron ambos diputados, debería incluir el voto electrónico, periodos extraordinarios de voto por correo, «urnas volantes» y un mecanismo de aplazamiento. Ni siquiera se ha debatido.
El Gobierno tampoco ha llevado a la Cámara baja ningún proyecto de reforma a lo largo de
La última iniciativa de reforma fue del PP para que Puigdemont no fuera candidato
El Congreso obvió la idea de Compromís y Más País de facilitar el voto a enfermos e impedidos
esta legislatura, a pesar de que desde la Unión Europea pedían ya el pasado octubre que las normas para aplazar elecciones se establecieran «en la Constitución o en una ley orgánica», como la LOREG.
Entre los compromisos del Ejecutivo de coalición formado por el PSOE y Podemos figuran reformar la ley para eliminar el voto rogado, establecer listas cremallera, buscar una fórmula electoral más proporcional, así como ampliar el derecho de voto a los mayores de 16 años. De momento, todo esto también ha quedado en nada.