El juicio político para inhabilitar a Trump de por vida pasa al Senado
► La Cámara de Representantes traslada la acusación contra el expresidente mientras los apoyos republicanos pierden fuelle
El proceso para juzgar políticamente a Donald Trump sigue tomando forma. La Cámara de Representantes se disponía a enviar ayer al Senado el pliego de cargos contra el expresidente, uno de los trámites indispensables para que pueda comenzar el juicio en la Cámara Alta el próximo 9 de febrero, la fecha pactada por los líderes de ambos partidos en el Congreso.
Trump está acusado de incitar la insurrección del pasado 6 de enero, cuando cientos de sus seguidores irrumpieron en el Capitolio con la intención de impedir que se certificara la victoria electoral de Joe Biden, un asalto que dejó cinco muertos. Será el primer presidente sometido a dos procesos de impeachment durante su mandato y el primero en ser juzgado después de abandonar el poder.
Los demócratas necesitan 17 votos de los republicanos para condenar a Trump, inhabilitarle de por vida e impedir que pueda presentarse a las elecciones en 2024. No es una meta imposible, si se con sidera que una decena de conservadores respaldaron la acusación contra el ya expresidente en la Cámara Alta, pero la indignación en su partido parece ir remitiendo.
La amenaza de un partido
Entre otras cosas por las advertencias que llegan desde el entorno de Trump, que amenaza con crear un partido independiente para ajustar cuentas con sus correligionarios si no se distancian del impeachment promovido por los demócratas. «El presidente ha dejado claro que su objetivo pasa por recuperar el Congreso en 2022», ha dicho su asesor, Jason Miller. «No hay nada planeado más allá de eso, pero dependerá de lo que hagan los senadores republicanos».
Los líderes del partido han condenado las acciones de Trump que desembocaron en el asalto al Capitolio, un cambio de postura sustancial respecto al primer impeachment, cuando solo un republicano votó a favor de condenar a su líder por las gestiones en Ucrania para incriminar a Biden y su familia. Pero crece el coro de aquellos que consideran que sería inconstitucional juzgar a un presidente después de que haya abandonado el poder. Otros, simplemente, esgrimen que no serviría más que para fomentar la división social en el país.
«El juicio es estúpido y contraproductivo», ha dicho el senador republicano, Marco Rubio. «Ya tenemos una llama encendida en este país, de modo que sería como echarle gasolina». También implica sus riesgos para Biden, aunque la decisión de postergar hasta el 9 de febrero el inicio del proceso, permitirá que el Senado tenga unos días para confirmar a los altos cargos de su Gobierno y debatir alguna de sus primeras propuestas, como el paquete de estímulo de 1.900 millones de dólares.
El demócrata no está perdiendo el tiempo. Ayer firmó una orden para permitir que los transgénero puedan servir en el Ejército, levantando el veto impuesto por su predecesor.