Vives, exconcejal de CiU, acepta dos años de prisión
El exedil fichó para una entidad pública a un exalcalde de la misma formación
El exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives aceptó ayer una pena de dos años de cárcel y dos de inhabilitación por contratar ilegalmente en la entidad Barcelona Regional, una agencia pública de planificación urbanística, a un exalcalde de la extinta CiU, que en cuatro años se embolsó 155.067 euros sin desempeñar ningún trabajo en la empresa municipal. Su abogado, Rafael Entrena, llegó a un acuerdo con la fiscalía por el que se rebaja la petición inicial de cinco años de cárcel, al aplicarle la atenuante de reparación del daño (se ha devuelto el dinero defraudado) y confesión. Vives y otros dos acusados no entrarán en la cárcel y han aceptado la conmutación de la pena por la asistencia a un curso de ética pública.
El ministerio público acusa a Vives, al exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Muller y al exalcalde de Cervelló Jesús Arévalo de un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales. Muller y Arévalo aceptaron también la pena de dos años de prisión. En lo que se refiere al a la gestión del Barcelona Regional, la fiscalía ya lo archivó en su día, y el Tribunal de Cuentas desestimó la demanda. El caso fue destapado por EL PERIÓDICO. La fiscalía sostiene que Vives –investigado también en el caso 3 %, el presunto pago de comisiones ilegales a CDC– se puso de acuerdo con Muller para contratar «ficticiamente» a Arévalo de 2012 a 2015, después de que este se lo solicitara a su partido para «completar su remuneración anual» tras ser elegido alcalde. El caso se remonta a 2011, cuando Jesús Arévalo fue elegido alcalde de Cervelló, con una retribución anual de 47.275 euros, y Vives fue nombrado concejal de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias.
‘Leslie’, absuelto
También fue absuelto Antoni Miquel, más conocido como Leslie, cantante de Los Sírex y militante de CDC, por haber estado contratado por Barcelona Regional sin haber desempeñado trabajos para la entidad municipal. La fiscalía se querelló inicialmente contra él, pero finalmente desistió de acusarle tras revisar la documentación aportada por su defensa. El Ayuntamiento de Barcelona, que ejercía la acusación particular en la causa, acabó retirando su petición de pena contra Miquel.