El Estado se endeudará en 1.350 millones por el almacén Castor
El Congreso debe ratificar hoy la operación para pagar a los bancos que adelantaron el dinero para resarcir a la concesionaria
El Congreso tendrá que convalidar hoy el real decreto ley que autoriza al Estado a emitir deuda para compensar a los bancos por los recursos que aportaron para compensar a la sociedad concesionaria del fallido almacén de gas Castor. La ACS de Florentino Pérez era mayoritaria en esa sociedad, Escal, beneficiaria de una compensación de 1.350 millones de euros. La medida trata de dar cumplimiento a una sentencia del
Tribunal Supremo que reconoció el derecho del Santander, Caixabank y Bankia a ser resarcidos.
El grupo ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG y Xnet) reclama frenar esta «deplorable operación política» que, a su juicio, sirve para «librar de sus deudas a la ACS de Florentino Pérez por su inversión fallida del Castor». Y exige a los partidos que voten para que el real decreto ley se transforme en proyecto de ley y «pueda ser enmendado y desactivado». En el real decreto publicado el pasado 30 de diciembre se justifica que «para la obtención de la financiación necesaria para atender al pago [a los bancos], dado el elevado importe fijado en la sentencia y las necesidades que el Estado ha tenido que afrontar para paliar los efectos económicos, sociales y sanitarios provocados por el covid-19, se hace necesario acudir en parte al endeudamiento».
Interés del 4,27%
Las tres entidades financieras adelantaron en su día a Enagás, en la que participa el Estado, 1.350 millones de euros por la adquisición de un derecho de cobro que esta sociedad tenía constituido en favor del sistema gasista por un plazo de 30 años. El Gobierno de Mariano Rajoy endosó a esta compañía gestora del sistema gasista la obligación de resarcir a la sociedad concesionaria del almacén, que dejó de desarrollarse por una serie de seísmos que provocó en la costa sur de Catalunya y norte de la Comunidad Valenciana. Así cumplía la obligación legal de compensar a la sociedad concesionaria por la paralización del proyecto en 2013 sin subir el déficit público.
Y autorizó a Enagás a que cediera a terceros esa deuda. Los tres bancos ganaron la convocatoria a cambio de los derechos de cobro de la factura del gas durante 30 años. Como consecuencia de ello y porque hubo que establecer un interés del 4,27% para que se apuntaran entidades financieras a la puja, los 1.350 millones iniciales se hubieran convertido al final del periodo en unos 4.200 millones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ordenó paralizar los pagos por el rescate de 1.350 millones de euros después de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que tumbó el real decreto ley de 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy para la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación.
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