El Periódico - Castellano

Agenda 2030: motivos de sospecha

- Víctor González BARCELONA

Uno de los grandes problemas de las democracia­s representa­tivas es la falta de compromiso de una gran parte del electorado. Es comprensib­le que ante un ámbito de decisión muy lejano, como el estatal o el supraestat­al, nos dejemos llevar por la inercias y no nos preocupemo­s de indagar el porqué de ciertas decisiones de los gobernante­s. Y este desinterés supone un riesgo para la democracia y las libertades, porque en estos foros se toman decisiones que directamen­te nos conciernen y que pueden cambiar dramáticam­ente nuestra vida cotidiana.

La Agenda 2030 entra en dicha categoría de decisiones. Promovida por la ONU y entusiásti­camente adoptada por entidades tan discutible­s como el Foro de Davos, esa tenida anual de gobernante­s y grandes plutócrata­s, ha pasado a ser uno de los ejes de actuación fundamenta­les de muchos gobiernos occidental­es. Hay motivos de sospecha. Se nos vende como un proyecto de reforma socioeconó­mica por el bien de las personas y el planeta, bellas frases hechas enmarcadas en imágenes de verdes praderas, parques eólicos y ciudadanos de beatífica sonrisa. Huele sospechosa­mente a propaganda, y uno se pregunta desde cuándo a esos mismos políticos incapaces de mirar más allá de las próximas elecciones les preocupa que en 30 años se hundan bajo el mar las islas Maldivas, y desde cuándo a los multimillo­narios que controlan la economía les quita el sueño el bienestar de los más desfavorec­idos.

Se nos deja caer que por el bien del planeta y la justicia social deberemos renunciar a la propiedad de muchas cosas y a vicios como el coche, los viajes en avión o incluso la carne, y pagar aún más impuestos. Estos sacrificio­s ciertament­e no afectarían a las élites que buscan imponérnos­los a nosotros. Y es que las manipulaci­ones más eficaces son aquellas que recurren a causas justas para ofrecer una solución maliciosa. Por tanto, resulta imperativo explicar a la ciudadanía las implicacio­nes de la Agenda 2030 y someter su implementa­ción a consulta popular.

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