El experimento valenciano
La Generalitat valenciana toma la delantera en el debate de la semana laboral de cuatro días y destina una partida presupuestaria de cuatro millones para empresas que apuesten por esa opción.
La semana laboral de cuatro días que desea implantar la Generalitat valenciana, según su secretario autonómico de Empleo, Enric Nomededéu, «no es una aspiración utópica». De hecho, esta Administración autonómica ha incluido una partida de cuatro millones de euros en los presupuestos públicos de 2021 destinada a subvencionar a empresas que rebajen la jornada a cuatro días o 32 horas semanales sin que comporte una reducción de sueldo para sus trabajadores.
En 2020, el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana ya destinó un total de 1,5 millones de euros. Además, esta autonomía también cuenta desde hace un año con una consultora, Zataca Systems (ubicada en Elx), que ha introducido medidas de conciliación de este calado. Es la segunda empresa de España, la otra es la firma jienense Software Delsol.
Zataca Systems desarrolla software y soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para sectores como la energía o las telecomunicaciones y se tomó en serio el despliegue de esta iniciativa a lo largo de 2020.
El área de Empleo de la Generalitat valenciana es pionera por tanto en la puesta en marcha de ayudas a las mercantiles para incentivar que rebajen la semana laboral y conseguir así que la conciliación de la vida laboral y familiar sea una realidad, según indican desde la Conselleria d’Economia Sostenible. De hecho, la iniciativa de Nomdedéu sirvió para inspirar al portavoz del Congreso de Más País, Íñigo Errejón, quien acaba de anunciar que el Gobierno central acepta una propuesta para destinar un total de 50 millones de euros a la implementación –como proyecto piloto– en varias empresas de una jornada reducida de 32 horas semanales durante los próximos tres años.
Oposición empresarial
Nomdedéu trabaja en la elaboración de una propuesta de jornada de cuatro días que quiere negociar con sindicatos y patronal. No lo va a tener fácil. Alguna potente organización empresarial se ha pronunciado en contra recientemente, como la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), que muestra su total «disconformidad» con la citada propuesta de la Generalitat valenciana al sostener que se trata «de una gran irresponsabilidad, sobre todo en las circunstancias que atravesamos de parálisis de la economía y de fuerte caída del empleo».