La corrupción persigue al PP
A cuatro días de que se inicie, el lunes, el primer juicio sobre la caja b del PP y en plena campaña electoral para las elecciones en Catalunya, Luis Bárcenas ha decidido tirar de la manta y romper el pacto al que dice haber llegado con el Partido Popular de callar en espera de que su mujer, Rosalía Iglesias, se librara de la cárcel. La confesión del extesorero del PP acusa directamente a Mariano Rajoy de ser «perfecto conocedor» de las irregularidades en las cuentas del partido que, según Bárcenas, se financió ilegalmente con pagos en b nada menos que durante 27 años, desde 1982 hasta 2009. El extesorero detalla también los nombres de los altos cargos que habrían recibido sobresueldos, desde Rajoy hasta Dolores de Cospedal y otros exsecretarios generales. De esa lista, dos nombres siguen en activo, los senadores Javier Arenas y Pío García Escudero.
La confesión de Bárcenas, que recordemos que en su condición de investigado no tiene la obligación de decir verdad, plasma una presunta situación de ilegalidad permanente en el funcionamiento del PP, un partido que podría haber acudido dopado a las diferentes consultas electorales gracias a la financiación ilegal, si fue como la explica el acusado. Con ser este un hecho suficientemente grave, el escrito del extesorero sugiere también un presunto delito de cohecho, algo que hasta ahora había negado, al asegurar que en los donativos y aportaciones de empresas al partido «puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación», en referencia a los contratos públicos conseguidos de la Administración por parte de los donantes –el cierre del círculo cuya acreditación dificulta que tantos procesos por corrupción lleguen a mayores– . En la Audiencia Nacional existe ya una pieza separada en la que se investigan 23 contratos por valor de 600 millones de euros adjudicados por el Gobierno de José María Aznar, investigación en la que Bárcenas se ofrece ahora a colaborar. La relación entre donativos y contratos, el delito de cohecho, sería un aspecto clave del caso, pero hasta ahora no se ha podido demostrar la relación por lo que el juicio que empieza el lunes se limita a la reforma con dinero negro de la sede central del PP en el año 2008.
El comportamiento de Bárcenas no es ni mucho menos angelical. Sostiene que calló durante años en espera de que su mujer no fuera a la cárcel, como dice que le prometieron desde el PP, y que por la misma razón retiró la denuncia sobre la destrucción de los discos duros de sus ordenadores, caso del que el PP salió absuelto. Pero que su denuncia sea interesada no absuelve automáticamente al PP, como pretenden hacer ver sus dirigentes actuales, que se limitan a aludir a «estrategias de defensa» o a decir que «Bárcenas es el pasado». Será el pasado si el partido abjura de los comportamientos que se denuncian, como hizo en su día Angela Merkel con Helmut Kohl, que fue su mentor. El pasado no se puede borrar de un plumazo, aunque haya un relevo de dirigentes, cuando se trata de hechos tan graves. Y eso vale para el PP y para cualquier otro partido, como estamos viendo estos días en el caso de JxCat respecto a la antigua Convergència o al PSOE en el caso de los eres.
Pese a los intentos de minimizar la denuncia de Bárcenas, lo cierto es que en el partido existe preocupación por cómo pueden influir estas revelaciones en las elecciones catalanas, donde el PP se juega, según algunas encuestas, ser sobrepasado por Vox. Mientras no se juzguen todos los casos pendientes y se depuren todas las responsabilidades, la sombra de la corrupción va a seguir persiguiendo al PP. Y por añadidura a los líderes de Vox que, como Abascal, proceden de allí.
Mientras no tome la iniciativa para depurar su responsabilidad, el partido de Casado no puede sostener que lo sucedido es un pasado ya superado