Luis Bárcenas
EXTESORERO DEL PARTIDO POPULAR
Las maniobras procesales de Luis Bárcenas ponen en la diana a Mariano Rajoy y el PP pero no permiten olvidar hasta qué punto fue directa su intervención en las presuntas corruptelas a juicio.
«El PP de Casado es el mismo de antes, el de los tejemanejes» JOSÉ LUIS ÁBALOS PSOE
«El juicio es un capítulo más del proceso de descomposición del PP» RAFA MAYORAL UNIDAS PODEMOS
El abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, aprovechó el trámite de cuestiones previas para plantear al tribunal de la Audiencia Nacional que ayer ha empezado a juzgar la caja b del PP la posibilidad de realizar un careo entre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy –que ya estaba previsto que declare como testigo– y el extesorero del partido, que cumple una condena de 29 años por la trama Gürtel y se enfrenta en esta causa a una petición fiscal de cinco años de cárcel que las acusaciones elevan a una veintena.
Bárcenas juega así, a través de su abogado sin haber llegado siquiera a declarar, la baza que cree que le puede dar el escrito que presentó en Anticorrupción en el que reconocía que el PP contaba con un sistema de contabilidad paralela desde 1982, gracias a las donaciones de empresarios, y el pago con ese dinero negro de la reforma de su sede central en Madrid, que es justo lo que se juzga en esta vista. La fiscalía especial ha esperado a que empezara para calificar de «escasas novedades, ninguna sustancial», las incluidas en el escrito del extesorero, con el que niega cualquier acuerdo.
No obstante, en función de su declaración, Anticorrupción, como haría con cualquier otro, valorará si aplicarle alguna atenuante de confesión o reparación del daño en este procedimiento o en el que se sigue todavía en instrucción por las donaciones de empresarios.
Acusaciones «políticas»
El fiscal Antonio Romeral defendió en cuestiones previas su acusación, que, a diferencia de las populares, no se dirige contra el PP, al que estas sí consideran responsable civil subsidiario del dinero negro supuestamente utilizado en la reforma. El abogado del partido, Jesús Santos, se adhirió a la argumentación fiscal y pidió que el PP quede fuera del procedimiento una vez que las acusaciones sean expulsadas, porque, según él, actúan por motivos «espurios y políticos», al tratarse de IU, los socialistas valencianos y madrileños o de Gonzalo Boye, que defiende al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en otros procedimientos, afirmó.
Además, Santos acusó al abogado de Bárcenas de querer convertir el juicio en un «circo mediático, como las acusaciones», con su propuesta de realizar un careo entre el extesorero y el expresidente del PP en caso de contradicción evidente entre ambos. El tribunal se pronunciará cuando concluyan las cuestiones previas, pe
ro se trata de una diligencia que no suele caracterizarse por su eficacia y porque existe una diferencia clave entre Rajoy y Bárcenas que hace difícil que sea acordada: uno es testigo, obligado a decir la verdad, y otro acusado, que puede decir cualquier cosa para defenderse.
La paradoja de la Kitchen
Como si barruntara el escrito de Anticorrupción, Galán se remitió a la pieza Kitchen que se investiga dentro del caso Villarejo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 para justificar que no pueda aportar grandes pruebas contra el partido. «Ha tenido una ingente documentación, pendrives y grabaciones, que le han sido sustraídas y no porque lo diga él, sino porque es objeto de una investigación como es la operación Kitchen y hay indicios de que algunos miembros del Gobierno y de la Policía indiciariamente habrían participado en ello. Y con fondos reservados, que es lo más grave. De ese déficit no es culpable Bárcenas», argumentó el letrado, que añadió que «sería paradójico», que ello se presentara en su contra.
Para paliarlo pidió la declaración de varios periodistas conocedores, según él, de la presunta financiación ilegal del partido, como Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y Francisco Mercado, autor de la grabación a la que Bárcenas se refería en su confesión relativa a su antecesor en la tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta.
Por su parte, los abogados de los responsables de la empresa que hizo las obras en la sede del PP, Unifica, pidieron que el juicio se centre en el delito fiscal del que están acusados, que, sostuvieron, debería juzgarse en los juzgados penales ordinarios y no en la Audiencia Nacional, porque lo demás son «fuegos de artificio». También apelaron a la doctrina Botín para tratar de esquivar los delitos que les atribuyen las acusaciones populares, pero ni la fiscalía ni la Abogacía del Estado.
Exgerente con covid
El juicio está pendiente de la decisión que adopte el tribunal en relación con el exgerente del PP Cristóbal Páez, también acusado, que ha dado positivo de coronavirus. Su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidió que se suspenda hasta el lunes para que pueda asistir en persona, si no empeora, una vez transcurrida la correspondiente cuarentena.
El presidente del tribunal, José Antonio Mora, mostró su preocupación por su salud y recordó que se pronunciará hoy al concluir las cuestiones previas. n