Anuncio de ayudas a las residencias a dos días del 14-F
Una inyección de 50 millones de euros en las residencias privadas mejorará las condiciones de los auxiliares que trabajan en primera línea.
En Catalunya, menos del 2% de las residencias para ancianos son de gestión y titularidad pública. De hecho, el Govern financia cerca del 57% de las plazas en residencias privadas para que las personas dependientes puedan costear un geriátrico con las ayudas de la ley de dependencia. Este modelo es el que va a reforzar el último decreto que está previsto que firme Chakir el Homrani como ‘conseller’ d’Afers Socials antes de las elecciones del domingo.
En pocos días se prevé incrementar un 4% los fondos públicos que perciben las residencias privadas financiadas por el Govern. La mejora de fondos, implorada desde hace décadas por parte de las patronales, está condicionada a que los geriátricos suban un 12% el sueldo a sus trabajadores.
Solo 17 residencias catalanas para la tercera edad (de 1.631 plazas) son de gestión totalmente pública. En residencias públicas gestionadas por entes privados que han ganado un concurso público hay 8.667 plazas (el 14% del total). Aunque el grueso de la atención a los dependientes en Catalunya recae en las 19.500 plazas de residencias privadas que se financian con fondos públicos con conciertos o convenios de colaboración (33% del total) y las 9.126 plazas de la privada que los residentes se pagan con la ayuda económica de la Generalitat (15%).
De hecho, solo el 35% de las plazas en residencias son exclusivamente privadas. Este es el resultado de unas políticas iniciadas antes de la época de los recortes que han preferido delegar en la concertación privada la atención a los dependientes.
Las críticas a este modelo han crecido especialmente con las miles de muertes registradas con la pandemia del coronavirus en los geriátricos. Sorprende que a dos días de las elecciones, la Generalitat prometa una subida del 4% de la tarifa de cada cama de los geriátricos que le ceden plazas, que supone un aumento de 50 millones de euros respecto al presupuesto del año anterior.
La reclamación de patronales y sindicatos por una mejora de las aportaciones públicas, congeladas desde hace una década, viene de lejos. En 2019 ya se aprobó una ligera mejora de 14 millones de euros, y ahora llega una segunda mucho más relevante. El primer aumento de subvenciones no impactó en los sueldos de los trabajadores en un sector altamente precarizado y con salarios que no llegan al mínimo interprofesional.
Cuando la principal patronal del sector geriátrico catalán, ACRA, pidió de nuevo una subida de las tarifas públicas para este 2021, la ‘conselleria’ exigió que se mejorasen los sueldos a través de un convenio de la dependencia. «Hace meses que informábamos a la Generalitat de que los sueldos de los cuidadores en los geriátricos seguían siendo más que precarios pese a las mejores tarifas», señala el responsable de acción social de la UGT, Jaume Adrover. En dos semanas, UGT y CCOO han negociado un principio de acuerdo con ACRA, que también han firmando la Unió Catalana d’Hospitals y el Consorci de Serveis Socials de Catalunya.
De 903 a 1.111 euros de sueldo
Este documento plantea que por primera vez en Catalunya haya un convenio colectivo que regule los sueldos de los trabajadores de la dependencia mejorando los sueldos del convenio estatal. Esto solo afecta a los centros de día y a geriátricos donde la aportación de la Generalitat supere el 60%. Ahí los trabajadotendrán un aumento del 6% del sueldo este 2021, y del 12% en 2023. Los auxiliares que han estado en la primera línea de la pandemia pasarán de cobrar 903 euros al mes a 1.111 en 2023. «Es un primer gran paso para dignificar la tarea de estos trabajadores», celebra la presidenta de ACRA, Cinta Pascual. A otras patronales de geriátricos, sin embargo, no les gusta este acuerdo.