El comercio y la hostelería exigen 12.500 millones
Asociaciones de ambos sectores crean una organización para presionar a la Administración
Comercio y hostelería presentaron ayer la Alianza de Comercio y Hostelería de España, plataforma creada para agrupar a asociaciones de ambos sectores para exigir a la Administración ayudas directas y otras medidas de apoyo ante el impacto de los cierres y caída de actividad por la pandemia del covid. Carlos Moreno, representante de la Confederación Española de Comercio, y Paula Nevado, de la de Hostelería, portavoces de la Alianza, reclamaron 12.500 millones en ayudas directas urgentes para las empresas de ambos sectores como una vía para evitar una avalancha de cierres empresariales y miles de despidos.
La alianza calcula que la hostelería requiere de 8.500 millones y el comercio de 4.000, en forma de abono directo en cuenta de las empresas. El impacto de la crisis se ha traducido ya en una pérdida de 82.000 millones de euros en ingresos y medio millón de empleos destruidos, según la organización. Unos 148.000 negocios ya han cerrado. El sector comercial estudia presentar demandas contra la Administración por las medidas de cierre acordadas, como ya han hecho diversas asociaciones de la hostelería, al considerar que no estás justificadas por los índices de contagio dados a conocer.
En esta alianza están presentes la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), Amicca, Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (Anceco), Confederación Española de Comercio (CEC), Comertia, Eurelia, Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), además de Hostelería de España y de Marcas de Restauración, que representan a bares y restaurantes.
Para apoyar a dos sectores que suponen el 19,2% del PIB, 730.000 empresas y 4,9 millones de empleos, esta alianza reclama el establecimiento de una mesa de negociación con la Administración para definir un plan de ayudas en cuatro líneas básicas en materia financiera, laboral, alquileres y fiscales.
Prolongación de los ertes
En materia financiera reclaman el incremento del periodo de carencia en la devolución de los créditos en 12 meses y ayudas directas «proporcionales a la pérdida de ingresos». Como una medida de apoyo en materia laboral, ambos sectores reclaman que los ertes se prolonguen hasta 2022 como una vía para evitar despidos.
Con los alquileres, piden que se amplíe el periodo de protección jurídica para evitar desahucios. Desde un punto de vista fiscal, la alianza plantea la necesidad de reducir de manera temporal el IVA y aplicar exenciones en el impuesto de actividades económicas, del IBI y tasas locales.
Comercio y hotelería consideran que «si no se toman medidas se puede producir un efecto de bola de nieve con más paro» en el marco de una «situación dramática». Para el presidente de la asociación Comertia, David Sánchez, las empresas se enfrentan a la dificultad de planificar el ejercicio ante las incertidumbres financieras. «Crear empresas nuevas será más caro que ayudar a la supervivencia de las existentes», opinó.