La Generalitat investiga a un centro por expulsar a un joven autista
El afectado, que es inmunodeprimido y presenta un 75% de discapacidad, ha visto denegada de forma reiterada su solicitud de reingreso. La Generalitat tacha el acto de «discriminatorio» y ha iniciado un expediente sancionador contra la Fundació Pere Mitjan
El pasado 17 de febrero, por orden de la Generalitat, Alexander Moreno, un hombre de 36 años con autismo y que ha superado un trasplante de hígado, tenía previsto regresar a la residencia donde residía habitualmente. Fue imposible. La Fundació Pere Mitjans, la entidad gestora del centro al que acudía Alexander, lo ha impedido activa y abiertamente. Tras esta controversia, la Generalitat ha iniciado un expediente sancionador contra la fundación ante lo que consideran un acto «discriminatorio» y «grave» mientras se ha iniciado la búsqueda de una nueva plaza residencial para él. El padre de Álex define la situación que vive la familia como un delito contra la dignidad del joven que se ha llevado a cabo, a su juicio, con el beneplácito de la Administración. La fundación alega que son necesarias más garantías sanitarias para volver a acoger al joven.
Los hechos se remontan a hace casi un año, cuando la fundación, gestora del centro, pidió a los padres de Álex que se hicieran cargo del atendido en el domicilio familiar. La entidad alegaba que la permanencia en el centro del usuario, inmunodeprimido y al que se le ha diagnosticado un 75% de discapacidad, suponía un enorme riesgo de infección por coronavirus y, en consecuencia, de sufrir consecuencias graves.
Al decretarse la fase de desescalada de la pandemia en Catalunya, la familia de Álex pidió su reingreso en el centro de la entidad en Poblenou. La respuesta de esta fue negativa e incluso impidió que este pudiera entrar al centro el pasado miércoles, 17 de febrero, cuando la Generalitat había certificado ya que podía reingresar. En los últimos meses la Generalitat ha llevado a cabo presiones y amenazas indirectas para lograr la vuelta de Álex a la Fundación. Sin éxito.
La denuncia
«Han aprovechado el coronavirus para expulsar a Álex de la residencia, sin fundamentos y con el permiso de la Generalitat», resopla Antonio Moreno, padre del hombre atendido. Se da la circunstancia añadida de que Antonio ejerce de cuidador de su pareja y madre de Álex, que padece fatiga crónica y fibromialgia. Ambos, a su vez, cuidan de su hijo en su domicilio.
En una de las habitaciones se acumula la documentación sobre este caso. Un expediente que constata que Álex, que ya ha recibido la primera vacuna del coronavirus, ha sido autorizado por la Generalitat a regresar a las instalaciones que le proporcionaban hasta ahora la atención adecuada y ajustada a su estado de salud. En concreto, la familia dispone de una resolución de la Conselleria d’Afers Socials certificando que Álex, en tanto que ya vacunado del coronavirus, debía regresar al centro el miércoles 17 de febrero. En base a este documento, Antonio
Moreno acudió a las instalaciones pero no pudo acceder a las mismas. «Acabaron haciéndome un placaje para impedirnos la entrada», describe.
Los argumentos de la fundación
Álex vive en el centro en base a una resolución del Govern. Su caso responde a las actuaciones gubernamentales en virtud de la ley de dependencia. Y la Fundació Pere Relats atiende a personas dependientes en virtud de un convenio de colaboración con la administración catalana. Los responsables de la Fundació alegan que no se dan las condiciones suficientes, debido a la pandemia. «Nosotros entendemos que sin PCR y sin aislamiento el chico no puede volver, y aunque sabemos que no podemos impedirle el acceso al centro porque es la ‘conselleria’ quien manda, nos hemos visto obligados a tomar la decisión de rescindir el contrato de asistencia», argumenta la abogada de la fundación Pere Mitjans, Francesca García. En este caso, la entidad desobedece los términos del concierto que tiene establecido con la Generalitat. Pero la fundación sostiene que no les ha quedado otra alternativa.
Las ‘conselleries’ de Afers Socials y de Salut han aprobado el reingreso de Álex en su residencia. La primera vez, el 8 de agosto. Un año después del inicio del conflicto, el Govern y el Consorci de Serveis Socials de Barcelona han tomado la iniciativa, pero el padre de Álex sostiene que «nadie mueve un dedo» para que su hijo vuelva al centro. En cambio, la fundación denuncia que la Generalitat juega «a dos bandas». «Por un lado nos dicen que el centro no está preparado, y por otro le dicen que sí a todo a la familia porque les tienen miedo», se queja García. En este sentido, en varios informes, la
Agència de Salut Pública de Barcelona ha constatado que el centro residencial «no estaba capacitado para sectorizar y aislar correctamente» los casos de coronavirus. La fundación alega que ha hecho los deberes, pero pide a la Generalitat que traslade a Álex a otra residencia pública con más medios. Mientras esto no ocurra, el Govern ha prometido a la familia un servicio de atención a domicilio
Un padre combativo
A todo ello, Antonio Moreno teme que el origen del problema esté en su historial de batallas legales. «A nosotros lo que nos preocupa es que la fundación, sin ánimo de lucro, caiga en la ruina económica. Si Álex enferma, su padre nos va a llevar a los juzgados y nos va a pedir una indemnización que no podremos asumir», admite la abogada del centro. «Solo permitiremos su reingreso si un médico lo aprueba, o si los padres aceptan el riesgo de que contraiga la enfermedad [coronavirus] con la firma de un documento acreditativo», concluye.