El Periódico - Castellano

El ‘vacunagate’ de Argentina acecha al presidente del país

La oposición arremete contra Fernández por la vacunación de 70 personas cercanas al Gobierno y un fiscal ha abierto una investigac­ión

- ABEL GILBERT

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, atraviesa quizá el peor momento de su mandato por la pandemia y el mayor hundimient­o de la economía. Como si fuera una lluvia radioactiv­a, la vacunación preferenci­al de al menos 70 personas, buena parte de ella funcionari­os y familiares, ha tenido un efecto corrosivo sobre su Gobierno y le ha obligado a destituir a Ginés González García, el hombre que hizo resurgir de las cenizas el Ministerio de Salud que había sido degradado a secretaría bajo la Administra­ción anterior de Mauricio Macri. Argentina araña los 52.000 muertos por covid-19. Los contagiado­s son más de dos millones. En este contexto ha explotado el vacunatori­o vip o vacunagate, que ha esparcido una ola de indignació­n social.

En enero pasado, el Gobierno aseguró que ya tenía garantizad­a la provisión de 51 millones de dosis de vacunas. La inmunizaci­ón de los ciudadanos es el principal capital que tiene el peronismo cara a las elecciones parlamenta­rias de octubre. Hasta el momento, unas 520.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V, de la cual queda la mitad del primer cargamento por usar. Se espera que Rusia envíe otros 30 millones de unidades.

En un laboratori­o bonaerense se produce la vacuna de AstraZenec­a/Oxford. Se prevé fabricar 150 millones de dosis que deben envasarse en México y, una parte de esa cantidad, retornar al país. A la vez, Argentina espera recibir dos millones de vacunas como beneficiar­ia del mecanismo Covax de la Organizaci­ón Mundial de la Salud (OMS) e inocular en breve a medio millón de personas con la china Sinopharm.

El vacunagate ha salpicado una hoja de ruta que se presentaba como virtuosa. La nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, ha prometido una estricta transparen­cia en los mecanismos de inmunizaci­ón. Si bien una reciente encuesta da cuenta de que un 68% de los entrevista­dos ha apoyado el modo en que Fernández enfrenta el escándalo, el daño político está lejos de sanarse. El expresiden­te de derechas Mauricio Macri ha hecho un llamamient­o a sus seguidores para que se manifieste­n mañana «por la indignació­n que provoca que la oligarquía K [kirchneris­ta] se apropie de la vacuna».

Un fiscal se ha lanzado a investigar el caso y Fernández se ha mostrado indignado: «Detesto los privilegio­s; no los ejerzo ni me valgo de ellos. Pero les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas. [...] No se pueden construir delitos graciosame­nte».

El presidente ha recordado a los fiscales que «tienen muchos delitos para investigar», y ha enumerado «el negocio de los peajes [en las carreteras] de Macri, y el terrible y lamentable endeudamie­nto que Argentina vivió, que fue un negocio para los amigos del poder». A su vez ha pedido a la oposición tratar «con seriedad» el tema de las vacunas. No ha pasado por alto, en ese sentido, que sus adversario­s decían hasta hace poco que la Sputnik V era «veneno».

El exmandatar­io Mauricio Macri convoca para mañana una manifestac­ión de protesta

Condena a un empresario

El tema de la justicia no es menor en esta Argentina partida en dos. Un juez acaba de condenar a 12 años de prisión a Lázaro Báez, un empresario ligado al extinto Néstor Kirchner, por blanquear activos millonario­s cuando era contratist­a del Estado. La sentencia es vista por sectores del Gobierno como un caso claro de politizaci­ón de los tribunales, entre otras cosas porque no se aportaron pruebas de ilícitos que, con un objetivo de mayor alcance, buscan involucrar a la actual vicepresid­enta, Cristina Fernández de Kirchner.

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Henry Romero / Reuters El presidente de Argentina, Alberto Fernández, el pasado martes, en una conferenci­a de prensa en México.

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