Erradicar la violencia
No hay ninguna causa que pueda amparar el uso de la violencia ni hay ninguna violencia que haya conseguido nada positivo para la humanidad. Las sociedades democráticas no pueden mantener ningún tipo de ambigüedad sobre estas dos afirmaciones. Y en Catalunya sumamos demasiadas en los últimos años. Equiparar las actuaciones de la policía con las acciones de algunos manifestantes es un desvarío. Ambos están sometidos al Estado de derecho. Y la policía también al escrutinio democrático en el Parlament. Cuando la espiral de estos días cese. No antes. Mercadear con el orden público en las negociaciones para formar el nuevo Govern es intolerable e invalida a los candidatos que lo hagan. Igual que coquetear con la desobediencia desde las instituciones. Aún más tras el salto adelante que dieron ayer algunos manifestantes en Barcelona, quemando una furgoneta de la Guardia Urbana además de arrasar con algunos comercios y saquear otros. Lo que empezó como una movilización a favor de la libertad de expresión ha derivado en una protesta que no puede contar con ninguna complicidad desde las fuerzas democráticas. Ya hace demasiado tiempo que duran unos disturbios que son tóxicos para el tejido social, político y económico de la ciudad, además de para la imagen de Barcelona como polo de atracción de talento y de inversiones, tan necesarias en este momento de crisis. La marca Barcelona no puede con todo.
La realidad que lleva a centenares de jóvenes a manifestarse es muy compleja e imposible de simplificar en categorías reduccionistas. En las manifestaciones conviven jóvenes muy enfadados por la acumulación de crisis, por la ruptura del ascensor social generacional, con otros apolíticos que acuden a la llamada de la bronca. Codo con codo, hay jóvenes politizados con causas como el paro juvenil o el difícil acceso a la vivienda, otros que buscan la adrenalina del juego del gato y el ratón con los antidisturbios y otros que expresan la fatiga pandémica. Hay colectivos bien organizados con raíces ideológicas que se hunden en el clásico movimiento de protesta barcelonés y otros que se han hiperpolitizado con el ‘procés’ y pugnan por canalizar la frustración de las promesas no cumplidas.
Nada, en cambio puede ampara acciones como las de ayer, claramente delictivas. Intentamos entender lo que sucede, pero no para justificarlo. La destrucción de mobiliario urbano, los ataques contra la policía y los asaltos contra comercios son inadmisibles. Es sano democráticamente preguntarse, investigar y si es necesario censurar los dispositivos de seguridad de los antidisturbios, pero debe terminar la utilización política de la policía y esa ambigüedad de una parte de la sociedad y la clase política catalana que lleva a la convicción, explícita o implícita, de que hay cierta violencia no solo justificable sino comprensible. De forma paralela al del modelo de orden público, convendría abrir otros debates. Por ejemplo, el de los límites del derecho a la protesta y su convivencia con el derecho a estar en la vía pública y a no sufrir la destrucción de la propiedad. Conviene entender que los antidisturbios no son los que tienen que mediar con una sociedad tensionada políticamente desde hace una década. Ese es trabajo de los agentes sociales y políticos: escuchar a las capas de la población que se sienten desamparadas, discernir la protesta del vandalismo y de la violencia, y trazar una línea roja que separe a quienes practican, promueven y defienden la violencia de quienes no lo hacen.
Analizar y comprender las causas de la violencia de estos días no la justifica. La utilización política de la policía y los disturbios es perniciosa para la convivencia
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