El Gobierno pone fin a las carreras de 3 años implantadas por Wert
El ministro de Universidades, Manuel Castells, ultima un real decreto para que todos los títulos duren, como mínimo, cuatro cursos académicos.
Adiós a las (pocas) carreras de tres años. El Ministerio de Universidades está trabajando en un real decreto de organización de las enseñanzas universitarias –de momento es solo un borrador– que mantendrá definitivamente la estructura básica de los grados en los 240 créditos (de cuatro años de duración). De las 3.880 titulaciones que hay ahora en las facultades de toda España, solo 24 son de tres años (180 créditos). El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, explicó ayer que el cambio normativo responde a que dichas carreras no se han visto del todo eficaces desde el punto de vista de la formación. «No cumplen el requisito de formación generalista sino que están más centradas en la especialización». «No tiene sentido mantener la doble vía porque crea confusión. No se pueden adquirir los mismos conocimientos en cuatro años que en tres», remarcó.
El Gobierno abre ahora un periodo de consultas con entidades universitarias, sindicales y estudiantiles para valorar el real decreto. Según la previsión del ministerio, el Consejo de Ministros lo aprobará a principios de verano. Una vez entre en vigor, se abrirá un periodo de cuatro años para que las facultades realicen la modificación de los planes de estudios y se acoplen a la nueva normativa.
Los carreras universitarias de 180 créditos (tres años) fueron impulsadas por el controvertido ministro de Educación del PP José Ignacio Wert, que en 2014 publicó un decreto de modificación de los estudios superiores para introducir este tipo de carreras, mayoritarias en Europa, al contrario de lo que sucede en EEUU.
El controvertido 3+2
La reducción de la duración de los grados supuso el alargamiento, en la mayoría de los casos, de los másteres, que pasaron de un año a dos cursos. Fue el denominado modelo del 3+2, duramente rechazado por los estudiantes porque suponía un importante encarecimiento de los estudios (los másteres son más caros).
En su día, la Generalitat sí que apoyó la medida. Fueron de los pocos en hacerlo porque hasta la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE) acordó aplicar una moratoria al 3+2. Justo el año académico en el que terminaba la moratoria (2018-2019), la universidad catalana estrenó un total de 19 nuevas titulaciones de 180 créditos, que se sumaron al grado de Global Studies, que desde hacía dos años impartía la Pompeu Fabra, y a otras cinco titulaciones de universidades privadas. Entre esas nuevas carreras estaba, por ejemplo, Cinematografía, Paisajismo, Ciencias Urbanas y Diseño de Negocios Digitales.
Pingarrón hizo hincapié ayer en que la nueva normativa no perjudicará a los estudiantes que están cursando ahora mismo carreras universitarias de tres años en España porque podrán graduarse sin cambios administrativos. Tampoco perjudicará a los alumnos que lo estén haciendo en algún país europeo, donde predominan los 180 créditos en lugar de los 240. El título conjunto que reciban al terminar sus estudios será igualmente oficial.
El real decreto que prepara el ministerio que dirige Manuel Castells establece la siguiente configuración para la formación universitaria: grado, máster y doctorado. Los primeros serán siempre de 240 créditos (cuatro años) con la única excepción de aquellos que por directrices europeas deben ser más extensos: 300 o 360 créditos (como por ejemplo Medicina). Los másteres serán de 60, 90 o 120 créditos mientras que al doctorado se accederá habiendo superado los 300 créditos en las dos etapas formativas anteriores.
El decreto –que insta a las universidades a reservar un 5% de sus plazas a alumnos con discapacidad– también especifica la actividad formativa dual de los universitarios. Las prácticas en empresas, entidades, instituciones y otras organizaciones estarán reguladas bajo contratos laborales que tendrán por objetivo el desarrollo de la formación y, por lo tanto, estarán supeditados a los créditos universitarios. Pingarrón destacó que el Ministerio de Trabajo está ya desarrollando una normativa especifica para estos contratos formativos y detalló que el decreto busca «favorecer la autonomía universitaria en la planificación y definición de las características de su oferta académica». También posibilita «la ordenación de la oferta de títulos oficiales por parte de las comunidades el desarrollo de sus competencias».
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