Bartomeu, acusado de un daño de 1,2 millones
Los Mossos apuntan que administró de forma desleal el Barça y hallan listas negras para denigrar a periodistas críticos
Los Mossos acusan a Josep Maria Bartomeu y los otros tres detenidos por el Barçagate de «extralimitarse» en «sus poderes de administración de patrimonio» del Barça al contratar a una empresa para difamar a jugadores y opositores de la anterior junta directiva, según el atestado policial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La policía concreta que el club pagó un «sobreprecio» por esos servicios y calculan el «perjuicio» causado «a la entidad y al conjunto de la masa social» en una cifra entre 843.000 y 1,2 millones de euros.
El Barça llegó a pagar 2,3 millones al grupo I3 Ventures, la empresa a la que se encargaron esos servicios, durante tres temporadas, indica el informe. La labor oficial era la motorización digital del club, pero de forma paralela un uso «presuntamente particular en las redes sociales». De ahí que en la ficha de detención de Bartomeu no solo se le atribuye «extralimitarse» en «sus poderes de administración de patrimonio» del club, sino también «saltarse» los procedimientos establecidos para esta contratación, provocando un perjuicio económico «grave» a la entidad e impidiendo «conseguir la mejor oferta a cambio de una contraprestación consistente en trabajos en beneficio particular».
Contratos fraccionados
Todo ello entre los años 2017 y 2020. Esta actuación podría ser constitutiva, por lo tanto, de un delito de administración desleal y corrupción de particulares. El atestado policial detalla que «se ha podido vincular» a las empresas contratadas por el Barça, en concreto el grupo Nicestream, con la «creación y alimentación de diferentes perfiles» en redes sociales que «difamaban a personas criticas» con la junta directiva encabezada por Bartomeu.
Los informes se hacían desde l3 Ventures, firma del citado conglomerado societario, aunque se usaran nombres distintos, como Tantra, Futuric o Coyote. Los contratos se fraccionaban para no tener que
pasar por junta. La totalidad de los testimonios señalan que fue un trabajo propuesto por Masferrer y que ningún responsable de área había solicitado y que incluso muchos de esos servicios se realizaban sin que se pudiera opinar sobre el coste ni eran usados en su departamento.
El informe recalca que el club habría pagado un «sobreprecio». Ese perjuicio, subrayan los Mossos, al Barcelona y el «conjunto de su masa social», producto «directo de extralimitarse en sus facultades de administración», lo cuantifica la policía en un mínimo de 843.300 euros y un máximo de 1.220.700 .
El importe abonado por el contrato superaba los 2,3 millones, aunque el comprometido llegaba a los tres millones. La diferencia está pendiente de pago, ya que el club, a raíz de la publicación en los medios de comunicación del escándalo, dio por zanjado de forma unilateral el contrato. De ahí que la jueza que investiga el caso considere al Barcelona perjudicado. El club se ha personado en el proceso con el abogado Carles Monguilod.
«Gestión desleal»
El informe de los Mossos añade que existe otro perjuicio para el Barça y que «proviene directamente» de la «gestión desleal y sus efectos». En este punto cita la querella por injurias y calumnias presentada este febrero por el productor televisivo Jaume Roures, en nombre propio y de Mediapro, por los comentarios que desde esas cuentas de redes sociales se lanzaron contra él.
Roures también acusa de administración desleal, pero para participar en el proceso general (no en el de las injurias, que es pieza aparte) deberá abonar 7.000 euros. El informe también señala que «alguien del club habría dado datos del censo de socios», según un documento encontrado en la empresa Telampartners.
Correos electrónicos
La ficha policial de la detención de Bartomeu relata que la participación del expresidente del Barça en esa contratación presuntamente irregular «se ha podido acreditar mediante el análisis de la documentación» aportada por el club, así como por los informes de investigación interna realizados por el Departamento de Cumplimiento Normativo del Barcelona y la auditoría encargada a Price Waterhouse Cooper.
Las sospechas, argumentan los Mossos, se sustentan también en los correos electrónicos, comunicaciones y normativa del club. Esta información ha sido completada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, empresas de redes sociales, el análisis de cuentas bancarias y las declaraciones de varios testigos, entre ellos ejecutivos del Barça.