Joan Reñé
EXPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LLEIDA
La investigación de la trama del 3% sobre presuntas comisiones ilegales a CDC a cambio de obra pública ha hallado pruebas en Lleida que implican al exdirigente del partido, detenido en 2018 por sobornos.
La investigación del caso 3% de presuntas comisiones ilegales a CDC a cambio de obra o servicios públicos se ha extendido a Lleida. En el seno de la investigación del caso Boreas, sobre supuesta corrupción de funcionarios y miembros de CDC en la concesión de servicios por parte de la diputación ilerdense en la época del histórico dirigente convergente Joan Reñé, el fiscal del caso ha solicitado al juez instructor que remita a la Audiencia Nacional la parte de las pesquisas que versa sobre la trama que pivota alrededor de la productora audiovisual Triacom y de la empresa MYJ Grúas. Se trata de un hólding que «fue especialmente beneficiado» en la adjudicación de obras públicas por un valor de 60 millones de euros por parte de la Generalitat y de otras administraciones cuando estaban gobernadas por CiU, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Los investigadores han hallado pruebas que unen este proceso judicial en el que está implicado Reñé (detenido en octubre de 2018) con la trama del 3% que instruye la Audiencia Nacional. La fiscalía sostiene que, aparte de los pagos en metálico y regalos a los investigados, se ha descubierto que a través de Triacom «se han estado blanqueando centenares de miles de euros que llegaban a CDC».
La acusación pública recalca que la trama Triacom (productora del concurso El Gran Dictat, que emitía TV-3) aparece en las facturas aportadas por el socio denunciante de la compañía MYJ Grúas y luego corroboradas por la Agencia Tributaria y los testigos.
Figuras importantes
Estas pruebas, detalla el escrito, «sirven para demostrar» que esa parte de la red «no era simplemente una corrupción política de ámbito provincial, que también, sino que se extendía» hacia CDC e «identifica a algunas de sus figuras más importantes en los años que van desde 2012» hasta que desaparece el partido como tal.
El fiscal incide en que «la investigación nos lleva a identificar una actuación que va más allá de la manipulación de contratos» en la Diputación de Lleida y «demuestra una forma ilícita de hacer durante los últimos años en Catalunya derivada del poder político y la influencia social de CiU». Y todo este mecanismo, subraya, para conseguir la« extra financiación del partido» y de« todos los ámbitos relacionados con él ». Es ahí, precisa, donde surge un «evidente vínculo» con el caso 3%, por el que está imputado el ‘exconseller’ Germà Gordó y extesoreros de CDC.
El ministerio público argumenta que Triacom fue utilizada «para obtener el pago de facturas
El fiscal pide al juez de Lleida que remita parte de una causa por corrupción a la Audiencia Nacional
ficticias» de dos ingenierías relacionadas con Esteve y Gonzalo Niubó Mir, «vinculados estrechamente con CiU» y con Joan Reñé. En ocasiones, alega, los pagos también se realizaban a través de MYJ Grúas y de Arno, que, a su vez, remitían simultáneamente esas cantidades en facturas a pagar a otras empresas. Los Mossos han constatado que era «un circuito» de facturas falsas. Los conceptos que se usaron en más de una ocasión, tal como se ha constatado en otros procesos judiciales.■