Las eléctricas eluden el 80% de las multas por cortes a vulnerables
Desde mediados de 2015, la Generalitat ha impuesto 162 sanciones a las compañías por vulnerar la ley catalana, pero la mayoría han apelado y ganado.
La Generalitat ha multado a una docena de compañías eléctricas por cortar el suministro a hogares pobres contraviniendo la legislación catalana que impide dejar sin luz a este colectivo desde hace seis años. Según los datos facilitados por la Agència Catalana de Consum, de un total de 162 sanciones, de momento las empresas solo han abonado el 12%.
Hace apenas una semana se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que deja en nada la multa de medio millón de euros que la Generalitat había impuesto a Naturgy por cortar la luz a una octogenaria en Reus. La anciana, en apuros económicos y que llevaba un mes sin electricidad porque no podía pagarla, murió calcinada al arder su vivienda, incendio que al parecer tuvo su origen en una vela. La respuesta del tribunal indignó a movimientos sociales y entidades. Pero no se trata de un caso excepcional. Más del 80% de las multas a las eléctricas contra la pobreza energética no se abonan.
Desde julio de 2015, cuando se aprobó la ley catalana que impide los cortes de luz, hasta el 1 de mayo de 2021, la Generalitat ha recibido 338 denuncias por cortes indebidos a hogares pobres. El 95% de las advertencias se notificaron entre 2016 y 2018. A partir de estas alarmas, la Agència Catalana del Consum ha iniciado 181 expedientes e impuesto 162 sanciones, que en la mayoría de los casos no superan los 10.000 euros. Solo en siete casos las empresas han pagado las multas, mientras que el resto (el 96%) las han recurrido.
Apenas 429.000 euros
Los recursos son la vía que permite que las suministradoras ganen la mayoría de los pleitos. Los jueces solo han respaldado a la Generalitat en 13 de las 155 sanciones recurridas. En 90 casos, las eléctricas han salido ganando, y solo en uno, el de la fallecida de Reus, el Govern se ha dirigido a instancias superiores. «Solo hemos podido recurrir las sanciones que superan los 30.000 euros y la mayoría son de 10.001 euros», alegan fuentes de la Conselleria d’Empresa. De los más de dos millones impuestos como sanción por cortar la luz a los pobres, el Govern ha recuperado 429.000 euros.
«Lo lamentable es que el poder judicial se ponga de lado de las eléctricas y no a favor de la gente», se queja María Campuzano, portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética. «Lamentablemente no nos sorprende que las eléctricas no hayan pagado todavía las multas por cortar la luz a los más vulnerables: llevan años poniendo palos a las ruedas para que la electricidad no sea un derecho social», añade.
Endesa es la compañía que acumula más sanciones (109).
Fuentes de la compañía recuerdan que tienen más de 23.000 clientes vulnerables, es decir, que los errores de comunicación con los servicios sociales afectan a menos del 1%. «Pagamos todas las multas, pero luego las recurrimos. Y queremos dejar muy claro que el recurso jurídico no tiene ningún efecto en las familias afectadas», explican desde la compañía. Esta eléctrica ha ganado más de 80% de los procesos judiciales porque la ley catalana carece de un reglamento propio.
En cualquier caso, explican desde Endesa, «ahora la intención de la empresa es acabar con la condonación de la deuda y concretar los mecanismos para que ninguna familia se encuentre en esta situación». Esta compañía es la única que ha firmado el convenio catalán para condonar la deuda eléctrica de los hogares pobres además de establecer un contador social de la luz para aquellas familias que ocupan viviendas por necesidad económica. Naturgy, con 42 sanciones interpuestas, de momento no ha seguido los pasos de Endesa.
Los datos del Govern demuestran que, a medida que han ido pasado los años, las eléctricas han ido acatando la normativa, reduciendo así el número de sanciones. «La presión social, sobre todo a raíz del dramático caso de Reus, las ha obligado a atender la ley autonómica», cuenta Campuzano. Sin embargo, la activista también señala que todavía hay muchas familias que no saben que pueden denunciar los cortes de luz indebidos.
Los jueces solo han respaldado a la Administración catalana en 13 de los 155 recursos