Los particulares de Airbnb multados negocian amnistías
Comparten el pecado de haber alquilado puntualmente sus propios hogares de Barcelona a turistas sin tener licencia... y el castigo de haber sido sancionados con multas que suelen alcanzar los 60.000 euros. Tras años de pugna para que sus casos tengan un trato distinto al de los fondos de inversión y las mafias que se lucran alquilando viviendas por días y sin permiso, ayer arrancaron al ayuntamiento el compromiso de anular o reducir las sanciones si se comprueba su desproporcionalidad.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, se reunió con representantes de la asociación ACABA, que aglutina a 300 afectados, de los cuales una veintena sufre ya procesos de embargo. La edila explicó tras el encuentro que la normativa se ajustará para castigar a los que abusan de esta práctica ilegal, pero será «sensible con la realidad de las familias» que eventualmente sucumbieron a los cantos de sirena de Airbnb.
La ofensiva municipal contra los abusos de quienes sin tener licencia turística se lucraron comercializando alquileres por días a turistas durante años se topó con una casuística singular, la de personas que en un momento puntual (al irse de vacaciones o en caso de necesidad arrendando unos días una habitación de su casa) colocaron un anuncio en la mencionada plataforma. La publicidad les hizo creer que esta actividad de economía colaborativa estaba permitida, al no ser profesional. No obstante, el famoso programa informático araña que utilizó el consistorio metió a todos los infractores en el mismo saco. El endurecimiento de las sanciones les situó a todos con «infracciones graves», multadas con hasta 60.000 euros. Distintos afectados llevan cuatro años de recursos y alegaciones.
Tal y como informó este diario el mes pasado, la asociación ACABA ha iniciado una doble campaña: una contra la dureza de las sanciones municipales y otra judicial contra Airbnb por incentivar estas prácticas y hacer «campañas desleales». Los afectados particulares se cuentan por cientos, aunque de momento el consistorio de la capital catalana se ha comprometido solo con los integrados en dicha plataforma.
Goteo de damnificados
Fuentes de la entidad mantienen que los representantes de Urbanismo con los que se han reunido han aceptado revisar cada caso y «amnistiar los de vivienda habitual alquilada ocasionalmente», así como ajustar la normativa para poder considerar «graves» (multas que serían de 3.000 euros) en lugar de «muy graves» (60.000) las infracciones de otros casos del colectivo. El mismo portavoz destaca que desde que iniciaron la campaña han recibido numerosas llamadas de nuevos afectados.
La concejala Sanz puntualizó que la normativa se reformulará y admitió que «no es lo mismo especular con un piso que hacerlo de forma puntual». El ayuntamiento buscará ahora propuestas «más proporcionadas» y «corregirá» todo caso donde no se hayan aplicado correctamente las sanciones, detalló. La idea es adaptar el castigo a «un contexto más ponderado». No obstante, en estos momentos, varios embargos son ya efectivos y con cuentas congeladas.
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