Castilla-La Mancha activa una ley pionera contra la despoblación
Las Cortes regionales introducen la política fiscal como incentivo para intentar que las zonas rurales recuperen otra vez habitantes.
El Parlamento de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad esta semana una ley, impulsada por el Eecutivo del socialista Emiliano García-Page, destinada a poner freno la intensa despoblación que sufre una de las autonomías con mayor protagonismo en la llamada España vaciada. Y es que más del 90% de su geografía regional es rural y más de la mitad de sus municipios tienen menos de 500 habitantes. Para revertir esta situación, el Gobierno castellanomanchego aprobó en febrero la ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación, que introduce por primera vez en España la política fiscal como incentivo a quienes repueblen o continúen viviendo en las zonas rurales, según el gobierno regional.
De hecho, la norma plantea una desgravación de hasta el 25% del tramo autonómico del IRPF para quienes tengan una estancia efectiva en las áreas despobladas y del 15% para quienes adquieran o rehabiliten una vivienda. «Con ambas, podemos afirmar que quienes vivan o quieran vivir en el medio rural no pagarán impuestos a la comunidad autónoma», ha explicado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro. Además, se reduce a la mitad el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos para la adquisición de inmuebles.
Escuelas y fibra óptica
Y más allá de las medidas fiscales, para facilitar el empleo, la ley contempla ayudas a las empresas y autónomos que se ubiquen en las zonas rurales, así como el acceso a la fibra óptica y al 5G en todas las localidades. Asimismo, prevé reforzar los servicios públicos en los pueblos, de forma que se garantiza por ley que haya un colegio en todos aquellos núcleos donde residan al menos cuatro alumnos de educación infantil y primaria. Y se financiará la educación superior a aquellos jóvenes que estudien fuera y su familia siga residiendo en el medio rural.
En cuanto a la sanidad, la legislación contempla que haya un recurso sanitario a menos de 30 minutos de distancia y asistencia farmacéutica «específicamente diseñada para las necesidades de la población rural». Además, se prevé la teleasistencia digital para mayores de 70 años y un recurso de atención residencial a menos de 40 kilómetros de sus hogares.