España amplía el foco de su ‘Gran Hermano’ durante la pandemia
Una investigación internacional denuncia que se ha acelerado la adopción de sistemas para dar más poder al Estado y controlar a la población. También se aprecia en Francia y el Reino Unido.
Una vez cedidos, los derechos son muy difíciles de recuperar. Y es que, en los últimos meses de pandemia, España ha seguido desplegando distintas tecnologías para «convertir su modelo de seguridad en un modelo de vigilancia masiva» de los ciudadanos. Así se denuncia en un estudio internacional publicado ayer por la Red Europea de Observatorios Corporativos (ENCO, por sus siglas en inglés), un grupo de organizaciones cívicas que investiga el poder de grandes empresas.
El informe sobre el caso español, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), advierte de que, con la crisis sanitaria como «excusa», las autoridades del Estado han normalizado herramientas que pueden comprometer la privacidad de la ciudadanía y, a su vez, dificultar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. «Las tecnologías no son nocivas por sí, pero suponen grandes riesgos en nuestra privacidad, especialmente en un contexto de vigilancia contra las minorías y la disidencia política», explica Nora Miralles, autora del informe y presidenta del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
El documento subraya siete tendencias de vigilancia crecientes. Estas preocupaciones son el uso de programas de ciberespionaje gubernamental como Pegasus –con el que se monitorizó a Roger Torrent, expresidente del Parlament, y a Anna Gabriel, exdiputada de la CUP–, de sistemas de videovigilancia en espacios públicos, la interceptación de comunicaciones, el reconocimiento facial y la tecnología biométrica –que registra datos tan privados y únicos como la huella dactilar o el iris–, el reconocimiento automático de matrículas y el uso de drones y de programas informáticos para la predicción de delitos por parte de los cuerpos policiales.
Un mal uso de esas tecnologías, advierte el documento, puede derivar en una vigilancia masiva de los ciudadanos que estigmatice a ciertos barrios y colectivos ya vulnerables. «Son tecnologías de un uso tan general que hoy afectan a migrantes y mañana te toca a ti», añade Miralles, que lamenta que se hayan normalizado sin un debate social previo.
Restricción de las libertades
Desde 2018, España participa en AI MARS, un proyecto con el que reforzar los sistemas de vigilancia de los ciudadanos a través de la inteligencia artificial, el 5G y el reconocimiento facial, método que la nueva normativa de la Unión Europea (UE) busca prohibir por su potencial abusivo. Aun así, esa ley permitiría su uso en casos de seguridad pública. «No es una limitación, porque seguridad pública es un concepto que se usa para todo», remarca Miralles. La llamada ley mordaza, denunciada internacionalmente por su restricción de los derechos de reunión y de libertad de expresión, hace que esas tecnologías pueden acentuar un contexto que ya es «tremendamente punitivo».
También señalan que el Gobierno aprobó en 2009 la llamada ley mordaza digital, que permite al Estado la intervención de internet para controlar páginas web, siempre que se cuente con una autorización judicial. Amnistía Internacional ya denunció que esa actividad se realiza «sin que exista un control judicial».
Uno de los potenciales peligros que destaca el informe es el de las Smart Cities o Ciudades Inteligentes, el proyecto urbano de digitalizar las grandes ciudades. Aunque el modelo promete el uso de datos para mejorar la gestión de la movilidad, las energías y los servicios públicos, su adopción ha servido como «excusa», dicen, para implantar tecnologías de vigilancia más restrictivas. «Casi todos los datos que se recogen y utilizan se toman sin ninguna autorización de la ciudadanía», explica el informe.
Sin embargo, los peligros no vienen solo del Estado. El informe apunta que grandes grupos empresariales «están aprovechando la pandemia para aplicar su tecnología, lo que repercute en las libertades civiles». Es el caso de Thales, multinacional francesa que está entre los mayores contratistas militares del mundo, que vendió sistemas de reconocimiento facial al aeropuerto de Madrid. «Eso también ha supuesto una puerta de entrada para empresas tecnológicas de Israel que han testado sus sistemas en tierras palestinas ocupadas», lamenta Miralles.
El estudio también incluye informes exhaustivos sobre el uso de tecnologías de vigilancia en Francia y en el Reino Unido, países en los que su uso también se ha disparado en los últimos meses. En Londres ya hay una cámara de videovigilancia por cada 14 habitantes.
La videovigilancia del espacio público y el reconocimiento facial son dos de las técnicas criticadas