Una actualización que permanece en un cajón
Ley electoral
La reforma de la ley electoral se convirtió en una de las principales demandas del colectivo asentado en las plazas y movilizado en las calles. Los indignados pedían garantizar un sistema representativo y proporcional, listas abiertas y circunscripción única, en vez de circunscripciones provinciales.
La ley electoral española apenas ha sido retocada a sus 36 años. Los últimos cambios buscaban garantizar el voto de las personas con discapacidad, evitar comicios en Navidad y acortar la campaña electoral (y los gastos) en caso de repetición de las elecciones.
Entre los compromisos del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos figura el de reformar la ley para fijar listas cremallera, buscar una fórmula electoral más proporcional y ampliar el derecho a voto a los mayores de 16 años. Todo está en el cajón, pendiente de una subcomisión en el Congreso.
Lo que sí se aprobó por unanimidad el febrero pasado en el Congreso de los Diputados es la reforma para derogar el voto rogado para los españoles residentes en el extranjero con el objetivo de agilizar el trámite para permitir que las papeletas lleguen a tiempo, en la dirección de lo que proponía el Gobierno de coalición.
Los diputados coincidieron en diagnosticar que el voto rogado «no solo ha impedido el derecho al sufragio activo» sino que ha instalado la sensación de que los residentes en el exterior «han sido castigados».
El impacto del covid
Por otra parte, el estallido de la pandemia del covid-19 ha evidenciado las dificultades de poder ejercer el derecho al sufragio en contextos sobrevenidos. En el País Vasco y en Galicia tuvieron que aplazar los comicios por el confinamiento domiciliario y, en Catalunya, pese a que el Govern intentó postergarlos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) lo desestimó.
La norma no prevé estos contextos, por lo que las admninistraciones tuvieron que diseñar protocolos específicos para aquella jornada atendiéndose al margen legal previsto.
En Catalunya no ha habido consenso político en más de 40 años para impulsar una ley propia, por lo que muchas de las medidas planteadas tuvieron que ser avaladas por la Junta Electoral Central, aunque el Síndic animaba a aprobar una ley propia exprés de forma parcial para que fuera una junta electoral provisional quién decidiera en función de la evolución de la pandemia.