Escuela segura, con más razón

El año pasado pareció una muestra de exceso de optimismo, con los casos remontando durante el verano y aún sin vacunas en el horizonte inmediato, que las administraciones educativas se planteasen el objetivo de mantener las escuelas abiertas durante el curso escolar. Sin volver al enclaustramiento domiciliario de los alumnos que fue imprescindible durante los meses de confinamiento estricto y cerrando intermitentemente solo los grupos en los que se detectasen casos, lo que por otra parte sirvió como instrumento de detección y cribado de casos, quizá el más efectivo de todos los que se dispusieron. E incluso pareció temerario que, en casos como el de Catalunya, las medidas de distancia, separación de grupos y reducción del número de alumnos por clase fueran finalmente menos estrictas de lo planteado inicialmente. Pero con una inversión millonaria para integrar 40.000 profesores en el sistema, una entrega sin tacha de los docentes y una disciplina y sensatez por parte de los estudiantes que pocos hubieran esperado y no se ha reconocido suficientemente, mantener las escuelas abiertas fue posible.

Igual que el año pasado, establecer en estas fechas cuál será el dispositivo para hacer frente al covid en los centros escolares es en todo caso un ejercicio de anticipación sujeto a revisión continua en función de cómo evolucione la pandemia. Las medidas establecidas ayer en la comisión interterritorial que reunió a los ministerios concernidos y las consejerías de educación deben verse como una aproximación prudente a la reacción que sería necesaria ante un escenario moderadamente pesimista. El mantenimiento de la mascarilla para los mayores de 6 años y en todo caso para el profesorado, la conservación de la distancia y de los grupos de convivencia cerrados en los primeros cursos de primaria son medidas que podrían acabar siendo revisadas a la baja si el ritmo de vacunación se mantiene y no se repite un nuevo rebrote veraniego. Suficientes condicionales como para mantener las alertas, aunque se trata de objetivos razonablemente al alcance. Especialmente si se confirma la posibilidad, dependiente de la disponibilidad de vacunas y de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, de que pueda vacunarse en septiembre a la población de 6 a 12 años.

Con un escenario optimista sería posible que se plantease revertir el esfuerzo realizado este año para aumentar la dotación de profesorado. Y sin duda gobiernos que estuvieron en primera fila de los recortes en los servicios públicos seguirán presionando en este sentido. Pero ese no es el planteamiento del Gobierno: reclama que la financiación adicional que recibirán las comunidades autónomas para sostener los servicios públicos que han estado en primera fila ante la pandemia sirvan para mantener ese aumento de las plantillas de educadores que ha sido excepcionalmente posible este año.

En muchos casos, sostener que la experiencia de la pandemia hará que salgamos de ella más solidarios y conscientes de la necesidad de velar por el bien público puede volver a parecer un ejercicio de voluntad que la realidad acabará desmintiendo. Ojalá, en el caso de la educación, esto no sea así, y el sistema educativo, público y concertado, sostenido económicamente por las administraciones educativas y obligado a actuar como servicio público, salga más reforzado de esta prueba.

Se debería aspirar a que algunos de los esfuerzos destinados a mejorar servicios públicos durante la pandemia puedan llegar a consolidarse

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