PROCESO JUDICIAL El Port de Barcelona recuperará 30 millones del fraude de las piedras
El dinero será devuelto por la unión temporal de empresas (UTE), compuesta por una serie de constructoras implicadas en la estafa.
La Autoridad Portuaria de Barcelona recuperará los 30 millones de euros de la estafa a través de la falsificación de facturas por unas piedras inexistentes para la ampliación del dique Este. El dinero será devuelto por la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por una serie de grandes constructoras, según ha informado la autoridad portuaria en un comunicado. Ocho directivos y técnicos de esta compañía y de otra que supervisó las obras han admitido su participación en el fraude y han sido condenados a penas de dos años de prisión, aunque no ingresarán en la cárcel si no delinquen de nuevo en dos años y realizan un curso sobre ética y moral, tal como avanzó EL PERIÓDICO. A un noveno imputado se le ha añadido haber defraudado a Hacienda y se le ha impuesto un año y nueve meses de privación de libertad, pero tampoco entrará en prisión.
Con esta sentencia, según la autoridad portuaria, se da por finalizado el proceso iniciado por el Port en julio de 2010, cuando el consejo de administración de esta entidad acordó iniciar una reclamación a la UTE por las diferencias entre la liquidación de la obra de ampliación del dique Este y la realmente ejecutada, y demandar a todas las personas que intervinieron en la construcción de la instalación.
865.000 toneladas
El Port considera que esta sentencia de conformidad, fruto de un pacto de la fiscalía y acusaciones, entre ellas el Port, con las defensa de los imputados, supone que se han visto estimadas sus pretensiones y se «ha producido un reconocimiento del daño sufrido y su consecuente resarcimiento».
La sentencia recoge que en septiembre de 2001 la Autoridad Portuaria adjudicó a una UTE, formada por FCC Construcción, Ferrovial, Construcciones Rubau y Copisa, la ampliación del dique Este por 165 millones de euros. Posteriormente, en 2013, se modificó el proyecto, elevando hasta los 197 millones el coste de la obra.
En las declaraciones de IVA presentadas ante Hacienda, según el fallo judicial, se «aumentó falazmente» las cuotas con facturas por la compra de 865.000 toneladas de piedras que no existieron nunca y «no se correspondía con operaciones reales». ▪