La violencia machista deja 525 huérfanos en ocho años y medio
Las oenegés piden ampliar la ley de orfandad y eliminar tributos. El Ministerio de Igualdad propone «controlar más a los agresores» con más pulseras.
La atención sobre la violencia de género se centra habitualmente en las mujeres –cinco, en la última semana–, en si habían interpuesto denuncia y en los agresores. Pero la lacra provoca también que cientos de niños se queden o completamente huérfanos, si su padre se suicida tras el crimen, o huérfanos de madre pero con su padre en la cárcel, y por tanto, también desamparados.
Desde el año 2013, al menos 525 personas se han enfrentado a esta situación, 310 menores de edad, según la Delegación del Gobierno, y 215 mayores de 18 años (entre 2013 y 2018), según los datos del informe anual del Fondo de Becas Soledad Cazorla, puesto en marcha por la familia de la primera fiscal de sala contra la violencia machista, tras su fallecimiento, y por la Fundación Mujeres.
Pensiones de orfandad
Las ayudas nacieron precisamente para apoyar a las familias que acogen a estos niños. Sus promotores conocen, por tanto, sus necesidades de primera mano y tras impulsar la ley que en 2019 mejoró las pensiones de orfandad, reclaman otras «mejoras legislativas, de carácter técnico, pero que contribuirían a que las familias puedan recomponer su vida», explica la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.
Entre ellas, piden que los menores o sus familias de acogida no tengan que tributar para recibir la propiedad de la vivienda de su padre, en concepto de indemnización civil, dado que muchas familias no pueden hacer frente a este tributo. Y, respecto a la ley que mejoró las pensiones, aunque ha sido muy útil porque ha permitido que 75 niños hayan visto mejorada su situación, o bien porque se ha incrementado la cuantía de la ayuda de orfandad que reciben (en 33 casos) o porque han percibido una prestación que antes les estaba vetada porque la insuficiente cotización de su madre (42 menores), en el 2021 solo se han beneficiado dos niños. Según el Fondo, quizá por la dificultad de acceso a la información, acrecentada por la pandemia.
Ampliación de la ley
Los promotores del Fondo reclaman, además, ampliar la ley a tres supuestos: la adopción de los menores, cuando el asesino no es el progenitor del niño y en familias monoparentales. En el primer caso, la prestación por orfandad se pierde, lo que provoca que las familias más vulnerables renuncien a la adopción para no perder la ayuda. Y los otros dos casos también producen desamparos, que el Fondo pide corregir.
Los promotores ya han expuesto sus demandas al pacto de Estado contra la violencia de género, al que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha encargado un informe para conocer qué herramientas «han fallado» a la hora de proteger a las mujeres, tras el grave repunte de asesinatos (seis) de la última semana. Si bien, en lo que va de año, han fallecido 14 mujeres, el tercer mejor registro desde 2003.
Igualdad considera que hay que «controlar más a los agresores», lo que se realizará incrementando el número de pulseras disponibles, gracias a los fondos europeos. ●