Como un vecino de toda la vida

El okupa de 65 años de L’Hospitalet, cuyos vecinos de escalera redactaron una carta de apoyo para evitar su desalojo, tiene una orden de desahucio para mañana. A pesar de disponer de un informe de vulnerabilidad, su caso está fuera de la moratoria al no s

Ángel habla en la puerta del 11 de la calle de Martorell, edificio al que lleva vinculado de una forma o de otra desde que era un crío, cuando baja a pasear al perro una de sus vecinas. Se saludan. «Es una vergüenza que echen a Ángel, un vecino de toda la vida que no solo se comporta, sino que ayuda en todo lo que puede. ¿Qué van a hacer ahora, dejar el piso vacío para que se meta ves a saber quién?», señala la mujer, intuyendo sin equivocarse que el hombre estaba hablando sobre el asunto.

Que vaya ataviado con la característica camiseta verde de la PAH era una pista clara. Bastan pocos minutos para darse cuenta de que Ángel es un vecino muy querido en su bloque. Durante lo más duro del confinamiento fue uno de los puntos de apoyo de varios de sus vecinos. Tanto es el afecto que le tienen sus vecinos a este hombre de 65 años, gorra y gafas oscuras, que llegaron a redactar y firmar una carta para pedir a Divarian –la inmobiliaria de BBVA y Cerberus, propietaria del piso en el que vive– que no le he echaran; que le hicieran un alquiler social; que Ángel, decían entonces y mantienen, es el mejor vecino que podían tener.

Pese a que este hombre menudo cuenta con un informe de vulnerabilidad (cobra la renta mínima), y el piso que ocupa es de un banco, su caso queda fuera de la moratoria estatal de desahucios impulsada durante la pandemia al no ser Ángel una persona dependiente y no tener a personas a cargo. «Yo ahora solo pido los tres meses de la moratoria. Algo de tiempo, no pido más», señala el vecino, con fecha de desahucio para mañana, 26 de mayo.

Tercer proceso de desahucio

Mientras habla de pie, frente a su portería, muestra en su teléfono móvil imágenes de otro desahucio, esa misma semana, también en L’Hospitalet. «Mi caso no es aislado, pese a la moratoria son muchas las familias vulnerables que están siendo desahuciadas en plena pandemia y eso no puede ser, y menos aún cuando son pisos de bancos, que quedarán vacíos», prosigue mientras varios agentes de los Mossos d’Esquadra pasean frente a la escena. La presencia policial en la calle hoy no tiene nada que ver con su caso, «pero a quien vayan a buscar, seguro que no es para darle buenas noticias», bromea pese a todo.

Este es el tercer proceso de desahucio que vive Ángel. En el primer piso en el que le desalojaron le ofrecieron 3.000 euros por irse. En aquel momento los cogió y se fue. Entró después en el ático primera de este mismo bloque, en el que vivía desde los 12 años, propiedad entonces de otro banco. Vivió allí un tiempo hasta que también le desahuciaron. Salió del ático primero y se metió en el ático segunda, la puerta de enfrente, propiedad de Divarian, piso del que ahora, otra vez, están a punto de desahuciarle. «Como está la situación y con mis ingresos, vivo al día, no tengo ahorros, la única solución que me queda, si no acceden a ofrecerme un alquiler social y me acaban echando de aquí, es dar una patada en otro piso, no me queda otra», concluye realista.

La portavoz de la PAH Barcelona, Lucía Delgado, por un lado señala el avance que supone la moratoria –«por primera vez en 12 años de lucha tenemos algo a lo que las familias se pueden acoger para ganar tiempo», indica– pero lamenta que esa moratoria se haya quedado corta, dejando fuera situaciones como el de Ángel, pese a ser un caso de un gran tenedor y tratarse de una persona vulnerable. «Es incongruente que mucha gente vulnerable sí entre en los criterios de la mesa de emergencia, no se queden fuera de la moratoria», apunta la activista, quien recuerda que Ángel sí entraría en la ley catalana 17/2019, que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables, decreto anulado.

Delgado tiene claro que la PAH presionará para que en el momento en el que se forme el nuevo Govern se restituyan los puntos tumbados de la 17/2019, ya que la situación de Ángel es la de muchas familias. «Cuando la justicia paró el decreto había 3.200 familias que estaban a punto de firmar un alquiler social que quedaban desprotegidas con esta anulación», recuerda la activista.

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