El Gobierno se ratifica y defiende su potestad para otorgar indultos
Sánchez afirma que «hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia» y Casado ve en peligro la continuidad de España
El Gobierno no se arruga pese a la contundencia del informe negativo del Tribunal Supremo sobre los indultos a los 12 condenados del ‘procés’. Mantiene su argumentación. Su tesis, su convicción de que es necesario «normalizar la vida política en Catalunya», y para ello hay que lanzar gestos, aunque tengan coste electoral. Y recuerda que la prerrogativa de conceder la medida de gracia es enteramente suya.
El titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, fue taxativo ayer durante una entrevista en Las cosas claras, en TVE: el Ejecutivo estudiará «con detenimiento» el escrito del Supremo. «Con razón de utilidad pública y de interés general es como se tiene que plantear la medida, si finalmente se adopta, en función de los informes del Ministerio de Justicia y la decisión que tome el Consejo de Ministros, que lo hará en base a un proceso reglado, conforme a Derecho, no solo en ese contexto meramente legal, sino con la voluntad de convivir pacíficamente», sostuvo el número tres de los socialistas y uno de los ministros de mayor peso del Gabinete de Pedro Sánchez.
Hacer pedagogía
Ábalos reivindicó, como aseguró el martes el jefe del Ejecutivo, la «inspiración de los valores constitucionales». Esa apelación forma parte del relato que está empezando a desplegar la Moncloa, con intención de hacer pedagogía de una medida muy delicada y que marcará, sin lugar a dudas, esta mitad de legislatura.
El «enfoque» que le da el Ejecutivo, adujo Ábalos, es «político», porque la crisis es «política» y «trasciende la situación jurídica y penal» de los 12 condenados por el Supremo. Lo que el Gabinete persigue, subrayó, es la «normalización de la vida política en Catalunya».
El secretario de Organización, pues, reproducía los argumentos esgrimidos por el presidente: que el Gobierno se guiará por el «entendimiento» y el «diálogo» a la hora de decidir sobre los indultos, y no por la «venganza» y la «revancha». Hay que «superar fracturas» del pasado, «aprender errores», sentenció el martes en Bruselas.
«Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia», abundó ayer frente a Pablo Casado en la sesión de control en el Congreso, en la que agregó que adoptaría la misma decisión incluso aunque tuviera 300 escaños. El jefe del PP le había acusado de «poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar en el poder». «A quien le hicieron un 1 de octubre y le plantearon una declaración unilateral de independencia no fue a este Gobierno progresista, fue a un Gobierno del PP», respondió Sánchez. Para Casado, el «pago» del PSOE a sus socios independentistas será su «finiquito» y «epitafio». Cosa que los socialistas no creen, aunque son conscientes, reconocen en la cúpula, del «vértigo» de la decisión.
El Ejecutivo, pues, entiende que hay que tender puentes con Catalunya, al margen de que su estabilidad dependa de ERC. Y atiende los dictámenes preceptivos, pero reivindica su potestad exclusiva para decidir. Sánchez no cambia de planes.