El Port tira millas con el proyecto Hermitage y aprueba su concesión
Cuando parecía que las cosas no podían llegar a un grado mayor de complicación y las posturas entre el Port de Barcelona y el ayuntamiento no podían enconarse más, el consejo de administración del organismo desoyó ayer la petición del consistorio de prórroga y otorgó la concesión al fondo de inversión Varia para desarrollar el proyecto Hermitage en la Nova Bocana del puerto.
Y ahondó, así, en el enquistamiento de una propuesta que lleva años sin avanzar: «El Port ha decidido tirar millas y jurídicamente ahora hemos de ver cuáles son los pasos a seguir». Palabra de la segunda teniente de alcalde del ayuntamiento, Janet Sanz, y representante municipal en el consejo del organismo.
Para entender la postura y el enfado del consistorio es imprescindible recordar que desde que el gobierno municipal está en manos de los comuns nunca se ha visto con buenos ojos la apertura de una franquicia de la pinacoteca rusa en el puerto y siempre se ha pedido un proyecto que aportará algo más que ser una mera sucursal museística. De ahí la negación municipal recurrente a la iniciativa. Pero el sábado el tema dio un vuelco, el Port dio a conocer la posible entrada de un nuevo actor en la propuesta, el Liceu, y el ayuntamiento se abrió a repensar su postura ante un nuevo escenario que veía «positivo» pero requería tiempo para concretar.
El guion previsto no fue el que se desarrolló ayer. Se preveía una prórroga en la aprobación pero finalmente, contra pronóstico, hubo concesión. Se hizo con los votos en contra de los representantes de los consistorios barcelonés y de El Prat de Llobregat (ambos con instalaciones portuarias), y de la abogacía del Estado. Y se hizo sin la firma del convenio entre ayuntamiento y puerto que exige el Pla Especial de la Nova Bocana. No está claro que motivó el desencuentro, aunque todo indica que desde el consistorio se pedía un aplazamiento demasiado largo para un Port cuyos plazos para resolver la concesión se encogían. Y cuya presidenta, Mercè Conesa, tiene los días contados con el cambió de Govern. Y ahí están, también, los años, muchos, de tira y afloja entre las partes que han llevado a la desconfianza actual.
Con todo, desde el organismo portuario destacan que la «concesión está condicionada a que en el plazo de dos meses se presente un proyecto conjunto entre Hermitage y el Gran Teatre del Liceu y a la aprobación de un convenio entre Port y Ayuntamiento de Barcelona». Y aseguran que «la concesión no nace hasta que no haya el convenio» . Sea como sea, de lo que no hay duda es de que sin el visto bueno del ayuntamiento el proyecto no puede desarrollarse. Vamos, que la licencia concedida es condición necesaria pero no suficiente o, lo que es lo mismo, la primera palabra la tiene el Port, y la última, el ayuntamiento.
Consenso obligado
Así las cosas, la mitad socialista del gobierno municipal apoya la fórmula que incorpora al Liceu, desde el PSC y se ha dicho públicamente que la nueva propuesta soluciona muchos de los problemas que planteaba la original y que la participación del centro operístico le da una pátina barcelonesa al proyecto, además de prestigio e innovación. La mitad comú quiere más tiempo para decidir. Y el grupo inversor está eufórico: en una nota enviada ayer marcaba 2024 como año de la puesta en marcha del complejo.
Lo suyo es ponerse manos a la obra para llegar a un consenso, lo contrario puede ser la judicialización del tema por parte de los inversores, y tener un solar vacío in aeternum.
npor la PAH Barcelona, aprovechará para intentar negociar un alquiler social para quedarse viviendo en este bloque, en el 11 de calle de Martorell, en L’Hospitalet, en el que entró con solo 12 años. Ángel vive en un piso okupado, propiedad del fondo Divarian-Cerberus.
Este es el primer lanzamiento en este piso, pero el tercero que vive Ángel, cuyo único ingreso es la renta mínima. Este hombre menudo cuenta con un informe de vulnerabilidad, con problemas de salud y vive en un piso de un gran propietario, pero quedó fuera de la moratoria estatal de desahucios aplicada durante el covid-19 al no tener cargas familiares. Sí se acogió a la ley 17/2019, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de desahuciar.
n